Critican por liberar a choferes de daño económico al Estado

Se alista un recurso de impugnación a la decisión de la Fiscalía, que resolvió liberar a los choferes de toda responsabilidad sobre las denuncias por irregularidades en la administración de los 0.20 centavos por peajes, depositados por Vías Bolivia a cuentas de dirigentes del transporte público, informó ayer el abogado de los choferes Frank Campero.

“Esta semana se presentará una objeción al rechazo de la Fiscalía, para que el fiscal departamental, William Alave, la revoque y continúe la investigación, caso contrario vamos hacer una conversión. Se cambiará el delito de orden público a delito de orden privado, porque sí hay afectación al Estado”, señaló el jurista.

Agregó que la fiscal, Edna Montoya, reconoció que se incumplió contratos entre Vías Bolivia y la Federación 1º de Mayo, y el incumplimiento de los mismos está tipificado y regulado en el Código Penal.

En criterio del jurista los dirigentes Ismael Fernández, Rubén Sánchez y Mario Silva, fueron absueltos por el Ministerio Publicó, gracias a su afinidad al Movimiento al Socialismo (MAS), “se los ve en una fotografía con indumentaria del partido de oficialista, esto nos hace pensar que hubo ayuda del Gobierno para que esos dirigentes sean absueltos”, aseguró.

Sin embargo, esperan que el Fiscal Departamental se pronuncie de manera concreta sobre este caso, “cuando se presente la objeción al rechazo de la Fiscalía, veremos cómo se pronuncia (Alave) si nos da la razón o a sus fiscales”, expresó.

El Ministerio Público concluyó que los recursos de Vías Bolivia, por concepto de peajes, depositados en cuentas particulares de algunos dirigentes del transporte y destinados a viajes, farras y viáticos, no representa daño económico al Estado, aseguró ayer la fiscal Edna Montoya.

“Dentro del caso denominado Vías Bolivia, el Ministerio Público emitió una resolución de rechazo, los delitos denunciados son delitos de corrupción y los denunciados no son funcionarios públicos, (por lo tanto) no hubo daño económico al Estado, porque los fondos son privados”, aseguró la Fiscal.

Agregó que se realizó un contracto civil y privado entre vías Bolivia (como agente de retención de los 0.20 centavos) y la asociación de choferes 1º de Mayo. En caso de incumpliendo, la representante del Ministerio Público explicó que el mismo debe ser resuelto por la vía civil.

Aclaró que la denuncia está mal planteada y lo que corresponde es solucionarlo por la vía Civil y no Penal “la Federación 1º de Mayo no son funcionarios públicos, son privados, deberían pedir una rendición de cuentas para que ellos (dirigentes) expliquen donde está el dinero”, dijo Montoya.

La investigación comenzó el 19 de marzo y se rechazó la misma el 27 de mayo. Los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe denunciaron, supuestos delitos de malversación contra dirigentes choferes que se presume recibieron dinero en cuentas particulares, por parte de Vías Bolivia, empresa estatal encargada de administrar el peaje de la Autopista.

Explicó que si los denunciantes no están conformes con la resolución de la Fiscalía, por lo que estarían en la libertad de realizar una nueva denuncia, pero por la vía Civil.

Los dirigentes del transporte público sindicalizado que pertenecen a El Alto, Ismael Fernández, Rubén Sánchez y Víctor Tarqui, fueron librados de afrontar un proceso penal por malversación de fondo.

Montoya aclaró que ninguna entidad del Estado se apersonó a la Fiscalía bajo el Artículo 14 de la Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, donde indica que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por Ley, deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados.

En su momento, el secretario general de la Federación de Choferes 1 de Mayo, Rubén Sánchez, reconoció que Vías Bolivia transfirió dinero a una cuenta mancomunada de los dirigentes, porque el sindicato no tenía Número de Identificación Tributaria (NIT) para realizar los depósitos, luego de que el diputado Wilson Santamaría denunciara transferencias supuestamente irregulares, según un reporte de un medio local.

Explicó que los recursos son el aporte de los choferes para asistencia médica. La tasa de peaje es de Bs 1,80, de los cuales Bs 1,60 son para Vías Bolivia y 20 centavos para el Fondo Prosalud del sector.

Entretanto el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, por su lado, pidió que le demuestren la supuesta irregularidad. “Cualquier denuncia, muéstrenos. Es muy fácil decir ‘hay esto, hay el otro’ (...). Si yo no demuestro, estoy cayendo en una falta”, dijo Coca.