Impunidad en el feminicidio

El Art. 15.II. de la CPE establece: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”, sin embargo, el gobierno, a través de sus servidores, no impulsa ni realiza ninguna política pública para garantizar y cumplir lo que manda la Constitución.

Carlos Romero en la Novena Cumbre de Seguridad Ciudadana, celebrada en Trinidad-Beni, reveló que Bolivia está por encima del promedio latinoamericano, que según el Latinobarómetro de 2018, en la encuesta regional que se efectúa en 18 países, sobre la violencia de género, representa el 34% de los hechos de criminalidad, cuando el promedio es de 24% y la violencia contra las mujeres en Bolivia está por encima del promedio latinoamericano, ocupa el primer lugar en Sudamérica en feminicidios.

Las deficiencias en la investigación policial, en el proceso judicial y la discriminación institucional contra las víctimas, mantienen la miopía estatal y la incapacidad ante esta barbarie contra las mujeres. El estudio sobre “Feminicidio e impunidad en Bolivia”, realizado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos, analiza 200 casos de procesos por feminicidos, que demuestran la impunidad y el incremento de la violencia hacia las mujeres.

Este año en diferentes regiones de Bolivia existe un promedio de 10 feminicidios por mes, de un total de 60, entre enero y la primera semana de junio, en La Paz con 20, Cochabamba 14, Santa Cruz 8, Beni 4, Tarija 4, Potosí 3, Oruro 4, Pando 2, Chuquisaca 1. De acuerdo con datos estadísticos de la Fiscalía, la mayoría son mujeres jóvenes que recibieron torturas, disección de sus cuerpos hasta llegar a una muerte cruel. El Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres exigió la declaratoria de “Alerta Nacional” hace años, que permita establecer política de protección, promoción de los Derechos de las Mujeres, prevención, esencialmente en los colegios, universidades y en los espacios laborales.

El Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres en los procesos de feminicidio asiste a las familias de las víctimas. Entre otros aspectos, se evidencia que los servidores del IDIF, que están a cargo de las pruebas forenses, carecen de lo mínimo, cuando se trata de pruebas fundamentales, no realizan su trabajo o demoran demasiado. Además, en todo el proceso pericial, policial y judicial de años, el costo se carga a las partes involucradas, como en el caso de las familias de las víctimas en situación de pobreza, una realidad triste e insoportable, no existe personal capacitado, todo se hace desde una mirada machista. Las instituciones del Estado no son garantía de justicia, porque desde que se implementó la Ley 348, apenas se ha dictado 8 sentencias, muchos de los acusados se acogieron a juicios abreviados.

En el rosario de ofensas que hacen las autoridades a la dignidad de las servidoras del Estado, empezando por el presidente Evo Morales y su entorno, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, en conferencia de prensa pidió disculpas por la “difusión” del video donde se lo observa manoseando a una mujer. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, considera “demasiado exagerado” plantear un proceso judicial por acoso sexual al gobernador Urquizu, o sea que con esta actitud que proviene de la autoridad, los feminicidas son alentados a seguir ese ejemplo de violencia hacia la mujer.

Exigimos al Ministro de Educación que incluya una materia en la currícula sobre Derechos de las Mujeres y al Gobierno el resarcimiento a las víctimas de las familias por incumplimiento del mandato constitucional de garantizar una vida libre de violencia y se declare Alerta Nacional, con asignación de recursos a Municipios y Gobernaciones, que son las instancias que deben realizar políticas y acciones de prevención, porque se encuentran en directa relación con la población local.

La autora es Economista – Abogada Constitucionalista.