Nicaragua: inciertas medidas

La oposición nicaragüense ha calificado como “avance nulo” las negociaciones con el Gobierno del dictador Nicolás Maduro, tendentes a elecciones libres y democráticas y por la cesación de una represión sin precedentes a las multitudinarias manifestaciones contra el tirano. Las protestas iniciadas en abril de 2018 se extendieron por más de un año, pero la sañuda represión parece haberlas detenido.

Entretanto el régimen optó por ganar tiempo, mientras las tratativas con intervención de la Iglesia Católica lograron poco. Tampoco ha servido mucho la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los organismos privados dedicados a la paz y la justicia. Si bien se ha logrado la excarcelación de presos políticos, se supone que un régimen de tal naturaleza retendrá todavía un buen número de detenidos. Ninguna fuente ha informado si existen garantías para el retorno de los cientos de exiliados y evadidos del régimen de terror, que fue uno de los puntos de discusión.

A menos que los esfuerzos de la oposición y la presión internacional -bastante débil en el presente caso-, logren sentar en la mesa de negociación al régimen, parece hallarse en punto muerto la necesidad de elecciones generales que, verdaderamente, pongan fin a una crisis que perdurará mientras no se tome la senda democrática.

A fines de mayo el Comité Pro Liberación de Presos Políticos reportó que de 731 manifestantes detenidos, sumaban 102 desaparecidos, de los cuales la Policía no daba dato ni información alguna. Por su parte, la Comisión Interamericana de DDHH contabilizaba 325 muertos a manos de los organismo policiales y grupos armados rompe manifestaciones, cifra de por sí tétrica, ocasionada por una incalificable desesperación de aferrarse al poder y que el mundo entero debía censurar. Fuentes locales y organizaciones internacionales señalan en casi 600 el número de personas asesinadas en las ciudades y el campo.

Para ocultar este genocidio, en Managua el Parlamento se apresuró a dictar una Ley de Amnistía, acusada de unilateral y carente de consulta a los sectores interesados. Amnistía supuestamente para todos los participantes en los actos contrarios al Gobierno. Extrañamente la amnistía abarca a personas inculpadas por delitos comunes e incursas en procesos. Desde distintos lugares del país se reputa esta amnistía como insincera y misteriosa en cuanto a sus reales alcances. Un manto de duda la cubre, conforme al conjunto de medidas del subsistente régimen de los esposos Noriega.