Investigación a nuevos millonarios

El Art. 229 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece: “La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura están determinadas por Ley”. El Art. 235 establece que son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos “prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”. Por tanto, empezando de Evo Morales, los servidores públicos deben hacer declaraciones ante la Contraloría. Los resúmenes de los documentos son de acceso público.

“La Ley 004, de Lucha contra la corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas”, Artículo 1 expresa: “La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes”.

Según el Ranking Forbes de octubre de 2018, las 10 personas más ricas de Bolivia son: 1.- Evo Morales, 2.- Fortunato Maldonado, 3.- María Otero, 4.- Marcelo Claure, 5.- Miguel Gellert Krigsner, 6.- Gabriela Flores, 7.- Álvaro García, 8.- Juan del Granado, 9.- Manfred Reyes Villa y 10.- Elizabeth Verástegui. El periódico los Tiempos publicó, de acuerdo con la declaración jurada de bienes y rentas de Morales y García, de enero de 2006 hasta el 21 de enero de 2018, datos en los que se observa que el patrimonio de Evo se ha incrementado un 196% (casi tres veces), así como el de Álvaro García, un 1.533% (16 veces).

Las autoridades que formaron y forman parte del gobierno del MAS, desde 2006 y 2008, que aumentaron sus fortunas son: 1.- Luis Arce Catacora, Bs. 492.279 en 2006 y en 2017 creció a Bs.757.304 (325%), 2.- Héctor Arce Zaconeta, en 2008 1.010 Bs; aumentó en 299%. 3.- René Gonzalo Orellana Halkyer, en 2008 643.017.- al 2010, 2.357.327 (267%), 4.- David Choquehuanca, de 2006 551.864 a 2017 con 1.281.922 (132%), 5.- Rubén Saavedra de 2010 con 429.000.- a 2017 con 930.229 (117%), 6.- Hugo José Siles, en 2015 con 2.007.790. a 3.771.000 (88%), 7.- Carlos Romero en 2006 con 1.883.000 a 2017 con 3.059.000 (62%).

Se puede advertir que hay un porcentaje de más del 50% de incremento en el patrimonio de los servidores que tratan de quedarse en el poder con trampas, maniobras ilegales, con prebendas y obras que se caen a pedazos, del proyecto “Evo Cumple” (¿).

Y para seguir con este desfalco y daño económico al Estado, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que su hija, funcionaria en el Tribunal Constitucional, cometió un “error aritmético” en el llenado del formulario de la Contraloría, al declarar que es propietaria de un bien inmueble de 4.176.545 bolivianos, cuando solo le corresponde el 33% de su valor. Rápidamente los servidores de la Contraloría cambiaron las cifras, porque están subordinados al poder de Evo Morales.

Ante este crecimiento desmesurado de bienes de los servidores del Estado en función de gobierno del MAS, exigimos el cumplimiento de la Constitución, que se investigue sus fortunas y de otras personas que fungen de alcaldes, especialmente en municipios de Cochabamba.

Los servidores públicos, empezando de Morales, indican que no recuerdan, que no sabían, que están investigando a los culpables de los desfalcos de las arcas del Estado, o salen de la prisión y están libres, mientras que familias bolivianas sufren por desnutrición. Entonces tenemos un gobierno que está llevando a Bolivia a la quiebra.

La autora es Economista - Abogada Constitucionalista.