Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra el D.S. 3973

En el marco del rechazo al Decreto Supremo 3973 que amplió las zonas de desmonte de tierras y quemas controladas, que provocaron el incontrolable incendio de la Chiquitania y amazonas boliviano, diputados representantes del sur del país, ingresaron ayer una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Reunidos en Sucre, sede del TCP, los diputados Horacio Poppe de Chuquisaca, Ginna Torrez de Tarija y Grover Huanca de Potosí, presentaron el recurso legal contra el D.S. 3973 aprobado en consejo de ministros y dictado por el mandatario Evo Morales el pasado 9 de julio en la sede de los ganaderos del Beni.

La Acción de Inconstitucionalidad Abstracta – AIA se fundamenta en los derechos de la naturaleza como persona colectiva y de interés público, además que busca proteger la vida de los habitantes de las zonas afectadas en Santa Cruz y Beni.

Los diputados del sur también cuestionan la aprobación del decreto, pues al margen de modificar una norma anterior de 2001, se tomó atribuciones que solo pueden ser realizadas por una ley del Estado.

“En cuanto a la forma, la AIA observa que la Reserva Legal fue vulnerada por el Gobierno de Evo al emitir tal cuestionado Decreto. Porque transgrediendo la Reserva Legal, lo promulgó autorizando desmontes y quemas, siendo que por la materia dichas “autorizaciones” solo podrían ser consideradas mediante Ley nacional”, cita el documento.

“En consecuencia, conforme al razonamiento precedentemente expuesto el principio de reserva legal, en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, resultaría lesionado cuando una norma inferior a una ley imponga limitaciones al ejercicio de algún derecho fundamental consagrado por la constitución o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”, agrega el recurso ingresado por Poppe, Torrez y Huanca.

Esta medida de los legisladores del sur del país se suma a los pedidos de abrogación del D.S. 3973 que modificó el Decreto 26075 del 16 de febrero de 2001 que autoriza el desmonte de suelos, pero incluyendo la figura de “tierras comunitarias”, además de ampliar la aprobación de “quema controlada” de Santa Cruz a Beni.

Activistas ciudadanos en el eje central de Bolivia ya comenzaron a salir a las calles para pedir la abrogación del polémico decreto, reprochando las pérdidas de flora, bosque y fauna silvestre en las regiones afectadas. Se estima que en la Chiquitanía se perdieron 700 mil hectáreas, totalizando más de un millón en lo que va del año.

Diez municipios han sido afectados por el fuego y los focos de calor en Santa Cruz, producto de las quemas consentidas a partir del D.S. 3973: San Antonio de Lomerío, Concepción, Puerto Suárez, Charagua, Roboré, San Ignacio, San José, San Matías, San Rafael y San Javier. (Visor Bolivia)