Estiman pérdidas de $us 1.140 millones e impacto irreversible

Las consecuencias del incendio devastador en la Chiquitania, sumados a la deforestación y fragmentación de ecosistemas naturales, provocaron pérdida o daños directos a más de 40 millones de árboles con valor comercial, considerando un promedio de 80 ejemplares/hectárea en un estimado de 500 mil hectáreas afectadas por el fuego, lo que representa en términos económicos una pérdida potencial para la economía nacional de más de 1.140 millones de dólares, según estima la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.

La entidad privada informa que el Bosque Seco Chiquitano, bosque seco tropical más grande y mejor conservado de Sudamérica y uno de los pocos en el mundo, se encuentra casi en su totalidad en Bolivia, y la mayor parte en el departamento de Santa Cruz.

Asimismo, sostiene que el Bosque Seco Chiquitano no ha evolucionado con el fuego. Son muy pocas las especies vegetales adaptadas a las quemas, pero como ecosistema, es altamente sensible y vulnerable a los incendios recurrentes y extensivos.

Según el Observatorio de FCBC, entre el 2000 y 2018, el promedio de quemas en la ecorregión, en la parte de Bolivia, fue de 290 mil ha/año, siendo los años donde se produjeron más quemas e incendios en 2010 seguido por el 2002 y 2008.

Uso de suelos

De acuerdo a la información de la Fundación, parte de las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP-D.S. 26075) fueron convertidas a ganadería y agricultura, utilizando prácticas de desmonte y “chaqueo” inadecuadas, con el fuego como medio para la renovación del pasto en predios ganaderos y/o para la habilitación de los suelos para la producción.

“Esto ha conducido a una mayor deforestación y a la fragmentación del bosque Chiquitano, incrementando así las probabilidades de quemas en las áreas abiertas y su potencial traspaso” a los potenciales nuevos migrantes.

Entre 2016 y 2017, como referencia, siete municipios Chiquitanos, de 25 municipios que concentran el 78 % de la deforestación en Bolivia, registraron más de 130.000 hectáreas deforestadas, entre los cuales se encuentran San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco y Concepción.

Según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de FCBC/ECCOS, entre 1986 y 2016 se deforestó 1.1 millones de hectáreas de este bosque en la parte boliviana. De continuar esta tendencia de ocupación actual, se estima una pérdida adicional de otras 4.4 millones ha para el 2040, lo que implicaría la desaparición de la región.

Especies

La Fundación informa que hay muerte directa de toda la fauna y riesgo para más de 1.200 especies, de las cuales 43 son anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos.

También se ven afectadas las fuentes de alimento, sitios de reproducción y de refugio para toda la fauna, por lo que al pasar la crisis de los incendios el impacto sobre la diversidad de animales será mayor y más extendido en el tiempo.

En entrevista con este medio, el analista económico José Gabriel Espinoza ya anunciaba que las aguas sufrieron contaminación por el incendio y demorará en su recuperación, mientras tanto la agricultura y la ganadería sufrirán los efectos de corto plazo.

La Fundación también señala que otro efecto será el desplazamiento de la población, la interrupción de sus medios de vida y de la asistencia escolar, el costo humano y económico del desarraigo.

También se suman las pérdidas materiales de cultivos, viviendas y de activos productivos de la agricultura familiar, comunitaria y comercial, que dificultarán su recuperación

Mientras tanto, el canciller Diego Pary anunció ayer que la segunda fase de las acciones gubernamentales prevé el diseño de un plan de recuperación y restauración forestal a mediano y largo plazo de la Amazonia y Chiquitania boliviana con recursos propios y también de la cooperación internacional.

La aplicación de la Ley Nº 741 del 29 de septiembre de 2015, amplía el desmonte de 5 a 20 hectáreas en "tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente", lo que ha multiplicado la superficie de clareos del bosque y ha aumentado las probabilidades de quemas, ya sean autorizadas por ABT o ilegales, en toda la región.

Considerando, por ejemplo, que 40 mil colonos campesinos constituyen nuevos beneficiarios con dotación de tierras por parte del INRA en la Chiquitania, con una asignación máxima de 50 ha/beneficiario y con la posibilidad de llevar a cabo 20 hectáreas de desmonte sin autorización de ABT, en aplicación de esta ley se llegará a deforestar entre 800 mil a 1 millón de hectáreas de Bosque Chiquitano en los próximos cinco años.

La aplicación del Decreto Supremo 3973 (9 de julio 2019, que modificó el Art 5 del DS 26075 del 2001), autoriza el desmonte y las quemas controladas inclusive en tierras de producción forestal permanente (TPFP). Este DS si bien es reciente, con seguridad ha funcionado como un "gatillo" para el desmonte, chaqueo y quemas en la Chiquitania.

El impulso del gobierno nacional a la producción ganadera en las tierras bajas de Bolivia. Esto ha motivado no sólo el interés de los productores locales sino también de los agroindustriales extranjeros, principalmente del Brasil, que han invertido en la producción pecuaria en la Chiquitania y especialmente en los municipios de frontera o próximos como San Ignacio de Velasco, San Matías y el Carmen Rivero Tórrez, conformando empresas de gran volumen con más de 80 mil hectáreas y 60 mil cabezas de ganado cada una de ellas.

Proponen que las autoridades nacionales soliciten ayuda internacional para la contingencia de los incendios en la Chiquitania, ya que la situación crítica puede extenderse aún más en el tiempo y el daño final podría llegar a ser mucho mayor al actual.

También hacer cumplir la Constitución Política del Estado: Artículo 33 “Las personas tienen derecho a un medioambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. Artículo 34 “Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medioambiente”.