Advierten “grave responsabilidad del Gobierno” por chaqueos

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) responsabilizó al Gobierno central por los incendios en la Chiquitania que no cesan desde hace más de un mes al aprobar una norma que permite las “quemas controladas” y exhortó a los colonizadores y pobladores de sectores afectados por los incendios, que “cesen en la actividad del chaqueo incontrolado y se respeten los espacios naturales en bien de la obra de Dios”.

“En esta situación hay una grave responsabilidad del Gobierno por el Decreto Supremo N° 3973, que favorece los chaqueos ilegales, sin el necesario análisis y conocimiento del medio”, dice parte de un comunicado público de los representantes del clero.

La CEB considera que “hay serios indicios que detrás de este desastre nacional y humanitario hay una decisión de ampliar la frontera agrícola en Bolivia que no ha tenido en cuenta los intereses de la casa común ni los principios básicos de la ética ecológica, así como tampoco la conformidad de los pueblos indígenas, como está prescrito por ley”.

Ante el desastre que ya consumió más de 2 millones de hectáreas de vegetación, la Iglesia plantea como medidas inmediatas, que el Gobierno nacional revoque de inmediato las autorizaciones de desmontes y chaqueos, declare emergencia nacional en las zonas afectadas, con promulgación del decreto de inmovilización y pausa ecológica y absoluta prohibición de todo cultivo y extracción.

La Iglesia realizó un llamado a los colonizadores y a los pobladores del lugar “a que cesen en la actividad del chaqueo incontrolado y se respeten los espacios naturales en bien de la obra de Dios, destinada a todos, cuyo cuidado nos ha encargado, como sus colaboradores”.

Para la Iglesia Católica es urgente un debate sobre la ampliación de la superficie agrícola en el país, teniendo en cuenta el interés común y el de los pueblos indígenas, de cuya sabiduría ancestral es necesario aprender en este tema.

En tanto, pidió a la población continuar con la ayuda a través de sus Parroquias, Cáritas jurisdiccionales, Cáritas Nacional u otras instituciones civiles que repartes los donativos en las zonas afectadas por el siniestro.