Rechazo del gobierno a tentativas de convulsión

El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez ha señalado, categóricamente, que el país rechaza cualquier intento de convulsionar el país. Esta prevención se debe a que grupos afines al MAS, partido del exdictador Morales que huyó del país en noviembre pasado, han lanzado diversas amenazas con la finalidad de “reconquistar el poder” y, por supuesto, pretenden actualizar las amenazas de bloquear las ciudades y someter al hambre a la población.

El masismo, luego de haber manejado discrecionalmente el gobierno durante casi 14 años, entre 2006 y 2019, no debería seguir con la ambición de continuar indefinidamente en el gobierno atenido a que, en su momento, sostuvo la equivocada idea de “haber sido sometido el indígena y campesino al dominio de los blancos”.

Esta afirmación, bastante debatida desde siempre, luego de los hechos de la revolución de 1952 y la aprobación de la Ley de Reforma Agraria en agosto de 1953 no tendría razón de continuar, porque la situación de los indígenas y campesinos, especialmente en la región occidental del país, ha cambiado radicalmente hasta el extremo de que en los 13 años pasados han tenido tratos especiales hasta llegar algunos dirigentes, con sus entornos, a grados de corrupción que han dañado y perjudicado a todo el campesinado.

Repetir las teorías sembradas por el castro-comunismo en sentido de que “Bolivia debe ser liberada”, ya no cuenta porque la derrota del guerrillero Che Guevara y la expulsión de los cubanos que pretendieron dominar al país, se ha producido hasta en los últimos días del pasado año. Las posibilidades de avasallar (convertir en siervos o esclavos a los campesinos o indígenas) han desaparecido.

Las amenazas de convulsionar al país son solamente excesos de las ambiciones del partido masista y sus caudillos; pero no dejan de ser preocupantes para la población que durante más de 13 años ha sufrido los embates de las malas políticas y el manejo discrecional y corrupto de la economía nacional por parte de quien sometió al país a una dictadura secante que violó contantemente la Constitución y las leyes. El pueblo, consciente de lo ocurrido, guarda temores de lo que podría ocurrir en caso de haber un retorno, así sea mínimo, de quienes no tuvieron consideración ni respeto alguno por los derechos humanos y menos por la propiedad del país que fue empleada en gastos suntuosos e innecesarios en lugar de haberse construido hospitales, caminos, puentes y obras de infraestructura para salud y educación.

Cualquier prevención y medida que adopte el gobierno contra las amenazantes intenciones del masismo será oportuna y, además, se debe hacer lo posible por apresar a quienes profieren semejantes intenciones y someterlos a la acción de los tribunales de justicia que, finalmente, deberían actuar coherente, honesta y responsablemente.