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Diputada Ginna Torrez

Regular estados de excepción no es atribución del Legislativo

El artículo 137 de la CPE establece cuatro situaciones jurídicas para declarar esa medida constitucional: cuando existe peligro para la seguridad del Estado, por amenaza externa, conmoción interna o desastres naturales. Asimismo, el art. 172 de la CPE señala como atribución privativa de la Presidencia del Estado la declaratoria de un estado de excepción


La diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ginna Torrez anunció su respaldo pleno a las acciones legales y constitucionales anunciadas por el Ejecutivo, que observa la Ley de Estado de Excepción aprobada este miércoles en la Cámara Baja.

La legisladora puntualizó que esta normativa impulsada por legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) contradice las competencias que la Constitución Política del Estado (CPE) le asigna a la Presidencia del Estado. En ese marco, la parlamentaria respaldó el anuncio que hizo el Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, de acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional, por establecer atribuciones a otras instancias fuera del marco legal.

"Es una ley estéril que tiene objetivos y contenidos políticos para proteger a su propia militancia”, decía el viceministro Wilson Santamaría.

Con anterioridad la diputada representante de Tarija, ya había explicado que la Ley del Estado de Excepción contiene un sesgo político, pero sobre todo, contradice artículos constitucionales sobre atribuciones y competencias de dos órganos del Estado independientes.

El artículo 137 de la CPE establece cuatro situaciones jurídicas para declarar esa medida constitucional: cuando existe peligro para la seguridad del Estado, por amenaza externa, conmoción interna o desastres naturales. Asimismo, el art. 172 de la CPE señala como atribución privativa de la Presidencia del Estado la declaratoria de un estado de excepción.

La norma fue sancionada por los dos tercios del MAS en la Cámara de Diputados, este miércoles, pese a los cuestionamientos del Ejecutivo y los ministerios que tienen bajo tuición a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La presidenta Constitucional, Jeanine Añez, tiene diez días para realizar sus observaciones o rechazar la promulgación de la ley.

 
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