Periodista fue asesinada porque tenía información clasificada

La investigación sobre el asesinato de Hanalí Huaycho, cometido por su entonces pareja, el teniente Jorge Clavijo, el martes 12 de febrero de 2013, volvió a la agenda mediática, luego del pedido del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para que se exhumen los restos del sujeto, quien supuestamente huyó hacia los Yungas, donde se “suicidó” en una rama de árbol, a los pocos días de los hechos sangrientos.

Clavijo Ovando fue parte de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), dependiente de la Policía, que participó en el operativo del Hotel Las Américas en Santa Cruz el 16 de abril de 2009, y que ejecutó a tres miembros de la célula irregular encabezada por Eduardo Rózsa, incluyendo al boliviano húngaro y los extranjeros Michel Dwyer y Arpad Magyarosi.

Según el abogado Eduardo León, el exviceministro de Gobierno, Jorge Pérez, y un grupo de Inteligencia lograron ingresar por una ventana al domicilio de Huaycho, ubicado en la zona de Ciudad Satélite de El Alto, y sustrajeron material, documentos y computadoras mientras la Policía realizaba las pericias relativas al asesinato.

Esa información no se va a encontrar en el registro del material recuperado por el asesinato, dijo León, pues se trató de una acción paralela, aprovechando que la familia estaba concentrada en el velorio de la periodista, pero también en atender a la madre, quien fue herida por Clavijo con dos puñaladas y el hijo de la joven que presenció todo.

“Hubo una segunda incursión sin fiscal y ningún tipo de orden judicial encabezada por el viceministro Pérez junto a algunos policías y personas de civil, quienes lograron ingresar por ventanas del baño a la casa de Hanalí Haycho y sustrajeron varios elementos como computadoras, memorias, documentos, fotografías, los cuales jamás aparecieron ni nunca van a aparecer en el acta de registro de secuestro de evidencias”, expuso León al periodista John Arandia de la red Fides.

Por ello, el jurista asume que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no solo buscaba elementos relacionados al asesinato sino a otro tipo de información, específicamente vinculada al caso terrorismo o Rózsa.

OTRAS VERSIONES

QUE APUNTAN

A UNA ACCIÓN POLÍTICA

Las revelaciones de León, en “este nuevo contexto político”, coinciden con otras versiones como la que dio el exedecán del entonces fiscal Marcelo Sosa, José Laguna, quien en 2014 apuntó a Evo Morales como responsable intelectual del asesinato de Huaycho, pues ella logró conocer en detalle lo acontecido en el Hotel Las Américas.

El oficial, ahora refugiado en Brasil, dijo que la periodista conoció un video en el que se mostraba la intervención de la Utarc y eso se tomó como una “filtración de información” que debía “solucionarse de alguna manera”.

Asimismo, el exsubteniente administrativo de la Policía, Edwin Segales, dijo en 2016 que esa versión de considerar que Clavijo no está muerto, es totalmente justificada. “Yo creo que la población no es tonta y se dio cuenta que la señora periodista conocía muchas cosas”, declaró.

La noche del 12 de febrero de 2013, Clavijo asestó 15 puñaladas a Huaycho, luego de una supuesta “discusión pasional”. La “pelea” se produjo en la habitación de la periodista y su pequeño hijo de cinco años, mientras la madre, al escuchar los gritos, trató de ayudar a su hija y fue agredida dos veces antes que el teniente y exmiembro de la Unidad de Bomberos de La Paz saliera huyendo con rumbo desconocido.

Huaycho murió por shock hipovolémico agudo provocado por lesiones irreparables en los pulmones. Su caso activó la elaboración de la Ley 348 de Lucha Contra todo tipo de Violencia a las Mujeres, que incluyó en el ordenamiento jurídico boliviano la figura de feminicidio.

Por su lado, Clavijo huyó al norte paceño y dejó la vagoneta de la familia Huaycho en el puente del río Samampaya. Posteriormente, se comunicó con el cabo y yatiri Víctor Foronda, a quien le pidió “prender dos velas por su alma” y luego, presuntamente, tomó la decisión de quitarse la vida. Un cuerpo en estado de putrefacción y con el rostro irreconocible fue hallado por la Policía en la zona de La Asunta el 3 de marzo.

La investigación dirigida por el Ministerio de Gobierno, entonces a cargo de Carlos Romero, determinó que los exámenes de sangre y tejidos al cuerpo encontrado dieron “99 por ciento de probabilidad” de que sea el asesino.

León ya había advertido que los informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) no coincidían en códigos específicos de la muestra de ADN tomada a aquel cuerpo momificado.

Este 10 de septiembre, el pedido de exhumación de los restos fue aprobado por la Fiscalía General y fue su titular Juan Lanchipa, quien confirmó esa acción para dentro de dos semanas.

“Teniendo el informe sobre la ubicación de esa tumba, el fiscal ha dispuesto el identificativo en la exhumación de los restos óseos para la extracción de muestras y posterior análisis genético, actividad que está programada para el 25 de septiembre a horas 09:00”, confirmó Lanchipa, desde Sucre. (Visor Bolivia)