Publicidad

    


Caso Apolo

Juan Bascopé fue sentenciado a 30 años sin pruebas de ser asesino de militares

> Un abogado explica que para condenar a una persona por asesinato se debe presentar el arma homicida, un requisito que estuvo ausente en este proceso. Bascopé fue detenido y encarcelado desde 2014, y continúa denunciando tortura en prisión


JUAN BASCOPÉ Y EL ABOGADO FRANCISCO PACHECO, en espera de UNA DE LAS AUDIENCIAS QUE FUE SUSPENDIDa.

Juan Bascopé era un productor de miel de abeja en la comunidad de Copacabana, del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz. Hoy es un sentenciado a 30 años de cárcel, por el supuesto asesinato del subteniente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Óscar Gironda Porres, un militar que el 19 de octubre de 2013 participó de una operación de destrucción de plantaciones ilegales de hojas de coca.

El 20 de octubre, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que efectivos de la Fuerza de erradicación habían “sido emboscados, se les ha disparado desde las serranías”. Con esa explicación anunció la muerte del militar a medios locales.

El 19 de octubre de 2013, militares y policías ingresaron en las comunidades del municipio de Apolo con la finalidad de erradicar cocales, una misión que dejó el saldo de cuatro muertos, 30 heridos y 17 detenidos.

Junto a Gironda, fallecieron el médico Michael Olivares, el sargento de la Policía Johnny Quispe Chura y el suboficial de la Armada Willy Yujra Mamani.

Siete años y cinco meses después de esos incidentes, el único sentenciado por este caso es el apicultor Bascopé; otros 26 comunarios fueron declarados en rebeldía.

El Tribunal de Sentencia Penal Primera de Achacahi del Distrito Judicial de La Paz lo declaró culpable, instruyó su encarcelamiento y sin derecho a indulto.

Apolo es una extensa región semitropical donde los cultivos ilegales se extendieron y como efecto de las políticas antidroga, una fuerza militar-policial llegó hasta la zona, pero la Federación de Campesinos y Asociación Regional de Productores de Coca y otras organizaciones declararon su decisión de resistir la destrucción de cocales.

Decenas de campesinos se movilizaron y Bascopé, como otros agricultores de la zona, fueron obligados a conformar los grupos de vigilancia, bajo amenaza de pérdida de sus propiedades, si acaso no acataban la decisión sindical.

Cerca de las 5 de la tarde del 18 de octubre, se acerca el señor Narciso Quispe quien entre lágrimas le dijo que las organizaciones sociales de la provincia Franz Tamayo aprobaron, que en caso de que no se constituyan a la comunidad van a ser expulsados sin derechos, según el testimonio de Bascopé en una de las audiencias.

El sentenciado tenía 600 colmenas en la comunidad de Copacabana; sus hijos estudiaban en la unidad educativa del lugar, su mamá y sus hermanas vivían allí, y frente a la conminatoria sindical solo le quedaba acatar.

Entre la tarde y noche del viernes 18, Bascopé fue espectador de la vigilia, retornó a su domicilio y en la madrugada del sábado 19 fue informado de enfrentamientos con el saldo de muertos.

Al promediar las 6 de la mañana, se dirigió al lugar de la vigilia pero ya no estaban los comunarios, solo estaba Felipe Sito, quien le dijo que debería ir a reforzar a la comunidad Miraflores, nuevamente Juan Bascopé dijo que él no tenía nada que ver con el problema porque era apicultor y no cocalero.

Bascopé refiere que del lugar de la vigilia a la comunidad Miraflores, existe una distancia de dos horas de caminata. Cuando estaba en tránsito al lugar oyó disparos. “Era como una guerra, no podía acercarme, estaba a 1.000 metros de distancia aproximadamente de la Unidad Educativa de Miraflores, de ahí he visto todo; por la derecha había un puesto de apoyo de militares, ahí estaba hasta mediodía”.

Mientras algunos estaban en la unidad educativa, efectivos policiales entraron a gasificar las casas y sacaron de allí a las mujeres y niños, hecho que enfureció a los jóvenes que resistían.

“Los jóvenes estaban detrás de los árboles, allí sale un militar y ha caído de cabeza, dicen que él era (Óscar) Gironda, allí lo han rescatado los que estaban en la vivienda, pero seguían peleado hasta las 11 más o menos”, recuerda.

Entre el martes 22 o miércoles 23 de octubre de 2013, Juan estaba trabajando, y al promediar las 7 de la noche, cuando retornaba a su casa, vio que toda la gente de Copacabana estaba escapando al monte. Su madre lo alcanzó llorando y le dijo: “A vos te están calumniando, a vos te van a agarrar mañana, te van a capturar hijo”.

Respondió, “que me agarren que me demuestren, el que nada hace, nada teme”, a lo que su mamá respondió: “‘Han torturado a la gente, les han pegado, hijo ándate donde tu tío’, y para que (mi madre) ya no siga llorando me fui a Mapiri”.

Bascopé fue aprehendido el 17 de julio de 2014, cuando compraba semillas en una tienda de Mapiri, un pueblo localizado en la provincia Larecaja al norte del departamento de La Paz. Denunció que tras su detención fue torturado, extremo respaldado por un organismo internacional y su querella fue rechazada por la Fiscalía.

Bascopé aclara que en ningún momento fue dirigente sindical, pero fue vicepresidente de los apicultores, productores de miel. Admite que los comunarios de la provincia Franz Tamayo se defendían con armas de fuego, escopetas de casa y rifles, bajo un plan de defensa pero que él nunca portó ninguna arma.

Toda la versión de Bascopé fue confirmada por uno de los testigos.

PRUEBAS

Entre las pruebas presentadas para la acusación de Bascopé existen testimonios de policías, militares y algunos comunarios que estuvieron presentes el día de conflicto.

No obstante, en la sentencia no se encuentran pruebas materiales, como el arma que habría usado Juan Bascopé para acabar con la vida del subteniente Gironda. Tampoco un informe de la Inspección Técnica Ocular seguida de reconstrucción de los hechos, menos una pericia de balística. No obstante, se informó que el 26 de junio de 2015 se realizaron esos actuados legales, pero en esa ocasión ninguno de los testigos lo reconoció como participante de los enfrentamientos.

La sentencia se basa en informes militares y policiales, certificados forenses de los fallecidos y testimonios.

En la sentencia se lee que “el acusado durante la emboscada y los sucesos posteriores del día 18 de octubre de 2013 participa de manera activa asumiendo un rol de liderazgo entre los comunarios realizando actos de persecución y captura violenta de efectivos policiales militares y civiles labor ejercida desde el inicio de los enfrentamientos a partir de las 4.30 hasta el final de la jornada portando un arma de fuego de largo alcance”.

De acuerdo a la declaración del policía Eddy Treviño, él, Gironda y otros policías estaban refugiados en una vivienda, hasta que Gironda se animó a salir y ahí recibió el disparo. “De ese modo hemos empezado a gasificar para que el humo nos oculte, hemos gasificado a todo lado, hemos cargado al teniente Gironda, nos hemos escapado al cerro, ya casi al llegar a la mitad del cerro (...) ha fallecido”.

Según versiones de Juan Bascopé y Solano García, la furia de los que dispararon a Gironda obedeció a que policías estaban entrando a las casas a abusar de sus mujeres y maltratar a los niños.

Un informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Paz (Apdhlp), que se constituyó al lugar refiere que la situación de niños, mujeres y personas de la tercera edad era lamentable ya que no dejaban de llorar a la sola mención de lo ocurrido el 19 de octubre de 2013.

“Los niños de corta edad que se vieron obligados a escapar al monte con sus hermanitos, y se quedaron allí hasta muy entrada la noche, sin alimento y abrazados pensando qué habrá pasado con sus padres, sus abuelitos, sus vecinos y sus propios compañeritos de curso. Encontramos niños que quedaron en la orfandad y al cuidado de la comunidad, porque tienen al padre preso en Patacamaya”, se lee en parte del informe.

En su relato, Treviño dice que junto a uno de sus camaradas son interceptados en medio del monte por comunarios armados, entre los que se encuentra Juan Bascopé y quienes inicialmente lo llevan al río donde lo golpean y le sacan sus prendas de vestir quedando solo con ropa interior y una polera, para luego conducirlos a la escuela de la comunidad, donde varios efectivos policiales y militares fueron retenidos.

Relató que en la escuela los “rehenes” son separados en grupos conformados por policías, soldados y militares en diferentes aulas.

En ninguna parte de la sentencia se encontró la distancia del disparo que recibió Gironda, ni el arma con el que se le habría cegado la vida, tampoco el calibre del arma, ni la hora aproximada de su muerte. Solo el testimonio del policía Treviño, que, al momento del disparo a Gironda, se encontraba al interior de la casa donde estaban refugiados.

“En fecha 19 de octubre de 2013, el acusado Juan Bascopé sí se encontraba en la comunidad de Miraflores (…) desde el inicio de los hechos, es decir a partir de las 4.30 a 5 de la mañana, momento en el cual efectivos policiales y militares de la FTC se disponían a erradicar plantaciones de coca ilegal”, se lee en parte de la sentencia.

El Tribunal refiere como prueba extraordinaria la declaración del comandante del Regimiento 33 Murillo de Apolo, Luis Alberto Arce Jiménez, quien también ocupaba el cargo de presidente de los apicultores, donde Juan Bascopé era vicepresidente.

En su declaración, el jefe militar refiere que esa madrugada recibió una llamada del acusado indicándole que uniformados estaban entrando armados y que la disposición era enfrentarlos, “vamos a matarlos”.

Los jueces tomaron esa declaración testifical como “fundamental con la cual se establece que el acusado no solamente participó desde el primer momento de los hechos sino se hizo de manera efectiva al señalar: ‘nos vamos a enfrentar, los vamos a matar’. Queda así establecida la participación del acusado desde el primer momento conforme a la prueba aportada en juicio, se debe señalar que el acusado se encontraba apostado junto a varios comunarios en la serranía que rodea la cancha de la comunidad Miraflores y que junto a varios comunarios armados disparan al grupo de efectivos policiales que se encontraban en la cancha”.

En esta declaración, no se toma el cargo social que ocupaba en ese momento el jefe militar. No se esclarece si Bascopé hizo la llamada al Presidente de su organización o al Comandante del Batallón, ya que de acuerdo al voto resolutivo, todos los comunarios y organizaciones deberían participar del enfrentamiento.

Otros dos testigos, cuyos testimonios también fueron tomados en cuenta por el juez, fueron los funcionarios policiales Cristian Rojas y Gonzalo Álvarez. Las autoridades jurisdiccionales no tomaron en cuenta que estos dos policías fueron denunciados por Juan Bascopé por torturas y tratos inhumanos, al momento de su aprehensión.

PRUEBAS

El coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO, que en caso de asesinato con arma de fuego, las pruebas básicas para acusar a una persona son el arma homicida, el cuerpo de la víctima, celular de la víctima, en caso de que habría alguna evidencia.

Asimismo, dijo que en estos casos es indispensable realizar una Inspección Técnica Ocular (ITO) seguida de reconstrucción de los hechos, porque las pruebas testificales se respaldarán con ese actuado legal.

APELACIÓN

El abogado Francisco Pacheco, que patrocina a Juan Bascopé, manifestó a EL DIARIO que presentarán una apelación restringida a la sentencia, a la cual calificó de poco seria ya que en el desarrollo del juicio no se pudo sustentar la culpabilidad de su cliente.

“Los testigos no le apuntan directamente a mi cliente. El testigo que nosotros hemos presentado ha desvirtuado todo lo que manifestaban los policías que estaban como testigos”, dijo.

Apuntó que todas las declaraciones parecían “dirigidas porque no sabían lo que estaban diciendo”. Advirtió que en los alegatos se vio la debilidad de la acusación ya que no pudieron probar nada.

“Ni siquiera hubo la lectura extensa de la sentencia, se ha leído solo la parte resolutiva del año pasado y este año debería leer en extenso pero no se dio, solo lo notificaron y como corresponde vamos a presentar la apelación”, explicó.

El jurista manifestó que en el juicio solo una persona identificó a su cliente como su agresor y por ese extremo lo sentenciaron por asesinato, cuando eso debió ser tipificado como homicidio en grado de tentativa.

“Esa persona que declaró está vivo, por eso declaró. En sus apreciaciones refiere que era en un momento que todo estaba oscuro, donde todos estaban con capuchas, sin embargo más adelante dice que mi cliente le ha disparado”, lamentó.

Publicidad
Portada de HOY

JPG (894 Kb)      |      



Publicidad

Publicidad