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Para sancionar a abogados

Lima: “Necesitamos tribunales de honor”


El ministro de Justicia, Iván Lima, reiteró ayer la necesidad de conformar tribunales de ética de la abogacía a fin de regular y sancionar a los abogados que incurran en delitos y faltas éticas.

“Necesitamos los tribunales de honor (de ética). El caso de Jhasmani Torrico es un típico ejemplo de cómo hemos permitido que se llegue a esa situación por no regularnos, por no autorregularnos como abogados, esto no debió haber pasado y la razón por la que ocurrió, en gran parte, es por no contar con los tribunales”, indicó Lima, entrevistado por Los Tiempos.

Jhasmani Torrico, quien está sentenciado a seis años y seis meses de presidio, por delitos de secuestro, tortura y extorsión a un mecánico en 2019 para que firme un documento en el que aceptaba haber recibido la inexistente suma de $us 20.000 por un anticrético, ejerce como abogado desde el penal.

El titular de Justicia manifestó que los tribunales de ética de la abogacía deben resolver ese tipo de casos, en los que los abogados incurren en faltas graves o leves en contra de los intereses de los litigantes. A la fecha suman más de 700 denuncias a nivel nacional.

Lima aclaró que la Ley de la Abogacía otorgó al Ministerio de Justicia, la atribución para conformar los tribunales de ética nacional y departamental, empero los colegios departamentales de abogados también cuentan con esas instancias, por lo que se intentó -sin éxito-, unir el trabajo de ambas instancias.

En ese marco, apuntó que la convocatoria para la conformación de los tribunales, permanecerá vigente hasta el viernes 30 de abril.

PROCESO A PERIODISTAS

Jhasmani Torrico inició un proceso penal en contra de periodistas que hicieron cobertura e informaron de las acusaciones en su contra. Torrico los acusó por difamación y calumnias y una juez de Cochabamba solicitó a 13 medios de comunicación los nombres y apellidos de los reporteros que difundieron noticias relacionadas al caso denominado “abogado torturador”.

Lima aclaró que las faltas en el ejercicio del periodismo se procesan a través de la Ley de Imprenta de 1925. La Constitución Política del Estado también reconoce el mecanismo de autoregulación.

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