Otra vez en discusión la ropa usada

La venta de ropa usada es una antigua actividad que se remonta a décadas atrás, sin que los sucesivos gobiernos se hubieran empeñado en limitarla y menos a erradicarla. Su crecimiento en todas las fronteras del país es notorio, día que pasa. La variedad de mercadería de contrabando -entre la cual la ropa usada es sólo una variedad- abarca desde alimentos hasta productos farmacéuticos, línea blanca, vehículos indocumentados, etc. Los puestos de venta que saturan las principales arterias de El Alto y gran parte de la ciudad de La Paz, así como otras del interior, tan sólo son una faceta de este comercio. Alrededor de 8 años atrás, el Decreto Supremo 28.761 prohibió la comercialización de ropa usada importada. No le siguieron acciones concretas para su ejecución, salvo algunas esporádicas. Los sindicatos del gremio dicen que se trata de una fuente de trabajo para miles de personas e interrogan que sin dicha venta no tendrían dónde ganar el sustento. Se trata de una verdad para la cual hasta el momento no existe respuesta.

Es verdad que la indicada disposición legal creó un fondo de 10 millones de dólares para fines de “reconversión”. Cinco millones serían destinados a “conversión comercial” y un monto igual a “conversión productiva”. Según los dirigentes gremiales, “pequeños clanes” se beneficiaron de dichos recursos y las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, coincidentemente, dicen que dirigentes del sector gremial recibieron préstamos que permanecen impagos. Se trataría de una mala aplicación del programa respectivo.

Ante las marchas de los gremiales y sus peticiones de que se abrogue el DS. 28.761, amenazando con “voto castigo” contra el Gobierno, los confeccionistas de prendas de vestir nacional, organizados en la Conamype, se declararon en estado de emergencia, tachando como “políticas” dichas marchas y exigen sanciones a los comerciantes de ropa usada. Lo cierto es que los cuestionamientos verídicos en este tema son que hace años atenta contra la industria y artesanía nacional del ramo, priva de impuestos al Fisco y traba la actividad lícita. El empresariado nacional (CEPB) considera que existe delito de contrabando que merece procesamiento y así lo solicitó al Ministerio Público.

Las organizaciones gremiales afirman que las prohibición afectaría a 300.000 personas dedicadas al rubro, pero se calcula que más bien se trataría de unas 500.000; por su parte, los confeccionistas se estiman en 80.000 miembros. En periodo electoral los números cuentan y las decisiones se hacen más difíciles.

Tampoco se mide hasta qué punto los resguardos fronterizos son ineficaces frente a toneladas de ropa usada que transita por las fronteras y si algo tiene que ver la corrupción en este caso. Tampoco puede dejarse de ver que poblaciones enteras sirven de resguardo y cobijo al contrabando en general, tanto en zonas fronterizas como en el interior del territorio, las que han dado muestras -trágicas inclusive- de encubrimiento a todo trance de este comercio. Mucho hay que cuestionar en estos confines, por cierto, tan complejos.