Reparto de bienes incautados y anexos

La información de que las mercaderías incautadas por la Aduana Nacional son entregadas al Ministerio de la Presidencia para su distribución y reparto irrestricto ha causado gran impacto en la ciudadanía, en vista de que era por todos conocido que dicha mercadería incautada se destinaba a remate público y los ingresos económicos provenientes ingresaban al Tesoro Nacional. La sorpresa es mayor cuando según recientes informaciones documentadas se establece que algunos equipos fueron entregados a un Asesor de la Presidencia, quien resulta ser el ex ministro de Gobierno, Hugo Moldiz.

Se asocia a esta revelación el hecho también novedoso de que el nombrado ex Ministro desempeña una asesoría cerca del Primer Mandatario y que el mismo asumió la jefatura de campaña en el referéndum del 21 de febrero pasado a favor de los dos principales miembros del Órgano Ejecutivo, consulta que se dirigía a la reforma constitucional para habilitar una doble reelección, la que el electorado rechazó.

La crítica central reside en que un funcionario público –situación del señor Moldiz- está prohibido de efectuar campaña electoral por disposición de la Ley de Régimen Electoral, si bien esta norma acepta que los empleados públicos puedan realizar campaña fuera del horario de trabajo. Obviamente, un jefe de campaña se emplea a tiempo completo a esa actividad. Por otra parte, el indicado Asesor fue destinatario de un conjunto de bienes de oficina procedentes de las señaladas incautaciones, las cuales el funcionario alega que guarnecen sus oficinas.

Medios de prensa investigaron que los repartos en cuestión tuvieron como destinatarios favoritos a la Csutcb, Conamaq, Bartolinas y otros, sobresaliendo los miembros del Pacto de Unidad, entidad cien por ciento de tipo político y que es uno de los pilares de sustentación del Gobierno, sino el principal. Se trata entonces de una distribución festinatoria de bienes del Estado desde el momento de su incautación, con la finalidad de gratificar a los parciales del Gobierno y atraer a otros.

Asimismo, se impone requerir un detalle circunstanciado de la mercadería transferida al Ministerio de la Presidencia y en especial a la Unidad de Gestión Social, sin embargo todavía la Aduana Nacional no ha emitido dicha información solicitada por parlamentarios opositores. Del mismo modo, corresponde que el propio despacho del señor Juan Ramón Quintana emita un inventario de toda la mercadería ingresada con el fin de esclarecer el destino de la misma, pues, no sería raro que algunos funcionarios hubieran negociado parte de las remisiones. Un caso podría ser el de la ex directora de esa repartición, Cristina Choque, detenida al presente y cuya fortuna creció desmesuradamente a lo largo de su desempeño funcionario, según denuncias.

Tampoco existe explicación lógica entre la “caza de brujas” del Gobierno contra los funcionarios del Estado que supuestamente hubiesen hecho campaña por la opción No en el referendo y la doble función del Asesor del Presidente Morales y, al mismo tiempo, Jefe de Campaña. Tampoco se entiende esta persecución o vendetta contra los indicados funcionarios, los que -entiéndase bien- no son dependientes de personas, partidos o gobiernos, sino servidores del Estado.