Cumbre y dependencia judicial

El 72% o más de miembros de la Cumbre de Justicia efectuada en Sucre militaba en el MAS, evento que conformado de esa manera se limitó a secundar abiertamente el libreto preparado de antemano. Como estaba previsto, se ratificó la elección de los 28 magistrados de la cúpula judicial mediante voto popular con la recomendación de una selección más prolija de postulantes.

La elección de magistrados por voto popular o por la Asamblea Legislativa es una elección política por donde se la mire. Peor aún si como propuso el procurador general del Estado, Arce Zaconeta, el Presidente debía elegir a dos terceras partes de los indicados 28, cabeza del Órgano Judicial. Lo catastrófico de estas designaciones políticas es que acarrean la falta de independencia de la Justicia, convirtiéndola en apéndice del Órgano Ejecutivo. Mientras se siga aplicando estos métodos, la mala administración de Justicia no sólo persistirá, sino que llegará a la saturación.

De la falta de independencia a la corrupción solo hay un paso, que se lo traspone con absoluta tranquilidad. La corrupción que campea en los tribunales tiene su origen más determinante en el partidismo oficialista, el cual, en el fondo, los designa. El partido es la única vía de acceso a los cargos judiciales o depende también del cupo de los movimientos sociales, vigente en todas las esferas gubernamentales y administrativas, cupo practicado precisamente en la elección de magistrados.

El único requisito que exige el partidismo es la militancia, vicio ejercido a su vez en épocas próximas pasadas, con los efectos conocidos. Si se exhibe la militancia se pasa por alto los componentes de una designación responsable, entre ellos, los antecedentes personales, el desempeño profesional anterior, el historial académico de formación, etc. Los títulos de maestrías, doctorados, etc., inclusive la producción libresca, son simplemente referenciales y no sustituyen al perfil ético y moral de la persona.

Cuando el Gobierno constató el fracaso de la elección de este personal ofreció sustituirlo por la meritocracia, pero ese decir se quedó a millas de la Cumbre. Si se hablara cabal y correctamente de meritocracia se tendría que apelar a los abogados de trayectoria intachable, sin denuncias ante el Tribunal de Honor de su colegiatura y que gocen del reconocimiento público. En el país, afortunadamente, los hay en abundancia, pero los gobiernos de turno los han soslayado metódicamente. Los profesionales de esta calidad no pueden ser tildados con los epítetos deshonrosos que se divulga contra el gremio, aunque una legión sí lo merezca. Solamente cuando los tribunales compongan sus niveles con juristas como aquéllos, la población litigante podrá acogerse a una correcta, ponderada y confiable administración de justicia, atributos carentes ahora y que las perspectivas presentes y de un futuro inmediato imposibilitan.