Nacionalización de las minas

Hasta fines del Siglo XIX ya se había descubierto todas las minas filonianas más importantes de Bolivia, entre ellas Porco, Cerro de Potosí, Catavi, Colquiri, Pulacayo, Huanuni, Bolívar, Chorolque, San Vicente y otras. Con el transcurrir del tiempo todas estas minas pasaron a propiedad de la Gran Minería constituida por Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo, llamados también los Barones del Estaño.

La descomunal riqueza de dichas minas, los bajos jornales, la carencia de beneficios sociales (la Ley General del Trabajo recién se promulgó el 24 de mayo de 1939), la precariedad de vivienda y servicios sociales, las deficiencias en salud ocupacional y seguridad industrial y los ridículos impuestos pagados, permitieron hacer fortunas a nivel internacional a los tres nombrados. Además como en el resto de las ricas minas chicas, con poca inversión se podía lograr altas utilidades, hubo afluencia de extranjeros que labraron fortunas con la minería.

El poder económico de la Gran Minería traducido en poder político fue tal que entre 1900 y 1940 por los impuestos por derecho de exportación (1900-1940), por utilidades (1921-1940) y por dividendos (1937-1940) tributaron apenas el 7,7% del valor exportado. Por no convenir a sus intereses y a pesar que el país vivía de la minería, no hubo un Ministerio de Minería sino hasta 1936, instituido por el gobierno nacionalista del Gral. David Toro, eliminado en la presidencia del Gral. Enrique Peñaranda en 1941 y repuesto en 1952 por el Dr. Víctor Paz, luego de la Revolución Nacional.

Juan Albarracín (El superestado minero, 2008) al referirse a la Gran Minería indicaba que “El Superestado se oponía a la ejecución de toda ley dictada sobre gravámenes, de un modo franco, hasta hacerla imposible”. Luis Peñaloza (Nueva historia económica de Bolivia, 1985) indica que “Patiño buscó y encontró el método de fundar sociedades mineras bajo la protección de leyes extranjeras, exportando ingentes capitales que sustrajo al control boliviano. En cierto modo, ello no le era necesario porque, desde que se convirtió en el hombre más rico del país, se lo compró realmente, con gobernante y todo”.

Todas estas arbitrariedades crearon conciencia de la necesidad de nacionalizar las minas. Según Luis Antezana (El largo proceso de la nacionalización de la minería, EL DIARIO 31/10/14), la primera propuesta para nacionalizar las minas la realizó en 1909 José Luis Tejada Sorzano que criticaba que “Nuestras industrias extractivas casi en su totalidad, sólo obtienen materias primas que para ser transformadas deben tomar el camino al extranjero” y llamaba a formar un partido político que nacionalice las riquezas naturales. En 1919 durante el gobierno de José Gutiérrez Guerra el ministro de Hacienda Darío Gutiérrez sostuvo que era “preciso nacionalizar la explotación minera”, lo que causó la caída de ese gobierno. En 1926 Tristán Marof (Gustavo Navarro) publicó un folleto que sugería “Tierras al pueblo. Minas al Estado”. El 7 de junio de 1939, el gobierno de Germán Busch dictó el decreto de control del cien por ciento de divisas de la minería, disposición que constituyó un paso importante, pero que no nacionalizó la minería. Este intento no prosperó por muerte del mandatario y el decreto fue anulado, al retorno al poder de la hegemonía de los Barones del Estaño.

La propuesta del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de nacionalizar las minas, movilizó al pueblo y en particular a los mineros y provocó la insurrección del 9 de abril de 1952 que puso al MNR en el poder, el que pese a la oposición interna y externa, mediante DS No. 3.223 de 31 octubre de 1952, nacionalizó la Gran Minería y sus minas pasaron a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), indicando que esta acción significaría la independencia económica del país. El Estado gastó mucho al pagar los beneficios sociales de 24.000 trabajadores y, por la presión internacional, indemnizó a Patiño, Hochschild y Aramayo con más de 22 millones de dólares.

Por su intensiva explotación, se había nacionalizado minas en franco proceso de agotamiento (en la emblemática mina Catavi las leyes de cabeza de estaño disminuyeron de 17% en 1916 a 6,65% en 1925, 3,76% en 1935, 3,07% en 1940, 2,46% en 1945 y 1,11% en 1952), con extensos desarrollos horizontales y verticales (mayor costo de extracción del mineral) y con ingenios obsoletos diseñados para minerales de alta ley y con pocas impurezas, por lo que sus recuperaciones eran muy bajas, lo que encareció el costo de producción. En mi criterio, la nacionalización fue extemporánea.

Además, la pésima administración de COMIBOL condicionada al poder político y sindical, llenó de supernumerarios todas las minas, no hubo inversiones operativas, creció la burocracia, hubo malos manejos en contratos y adquisiciones, hubo paros y huelgas excesivos etc. etc., por lo que COMIBOL arrojó pérdidas económicas impresionantes, que tuvieron influencia en los períodos híper inflacionarios de 1953-1956 y 1982-1985. De las 24 minas que operaba inicialmente, hoy sólo le quedan 2.

Desde el Siglo XIX la minería privada desarrolló más de una docena de minas nuevas y COMIBOL ninguna.