Cuestionada deuda de un exprefecto

Una nueva causa ha surgido contra el exprefecto del Beni, Ernesto Suárez, esta vez por la Contraloría General del Estado, que le conmina a pagar más de 10 millones de bolivianos en el plazo de 10 días, por presunto desembolso indebido de dinero. Suárez -que además es segundo hombre del partido conocido como Demócratas- confronta al presente una veintena de procesos judiciales, en referencia todos a su gestión de autoridad departamental.

El exprefecto (2007-9009) se considera un perseguido político y en conferencia de prensa dijo que la transferencia económica que ahora se le imputa fue autorizada por el Consejo Departamental y depositada en cuentas fiscales. Considera que Luis Arce, ministro de Economía, debía ser involucrado en este proceso coactivo por haber dispuesto “la creación de cuentas fiscales (para) los desembolsos que la misma Contraloría observa”. Como parte de su defensa lamentó que no se incluya a otras autoridades de entonces que fueron quienes manejaron dichos recursos. Aseguró que no cuenta con dicho monto y que no solo se lo enjuicia personalmente, sino a su esposa y también se ordenó la investigación de un hijo suyo, lo cual no es otra cosa que un asedio familiar y atentado contra su patrimonio.

Por supuesto que Suárez no es único blanco. Opositores, disidentes y desafectos del régimen son objeto de persecución. El instrumento elegido no es otro que el Ministerio Público y los tribunales. Hace años que los Gobiernos no persiguen mediante “controles políticos” ni con organismos represivos como el tristemente célebre DOP y otros, sino mediante los mecanismos de judicialización de la política.

En el caso concreto, algunos parlamentarios observaron los métodos intimidatorios contra Ernesto Suárez, ocasión en la que el diputado oficialista René Joaquino asumió una posición crítica, censurando que la Constitución declare la imprescriptibilidad de las deudas al Estado, permitiéndole gratificar su negligencia para cobrarlas 15 años y hasta 50 años después, dijo.

Si de persecuciones se trata, otra de moda es la del senador de UD, Arturo Murillo, quien fue sentenciado a 3 años de presidió por supuesta libreta de Servicio Militar falsificada, mientras a medida se tejía un nuevo Reglamento Interno del Senado, según el cual dictada sentencia en materia penal, el legislador debía ser licenciado de su curul, sin embargo no logró vía libre en vista de que esa pena viola el artículo 157 de la Constitución.

Entre los casos de persecución judicial a opositores se contemplan inclusive casos trágicos, como la muerte del Ing. Bakovic, quien en vida y desde el 2006 confrontó más de 23 juicios. Su culpa, haber presidido el Servicio de Caminos en Gobierno “neoliberal”. El senador Roger Pinto huyó al Brasil asediado por una veintena de juicios. Suman en esta lista distintos exministros y personajes de menor rango, y aun simples ciudadanos autoexiliados en previsión de represalias. Últimamente la ministra de Comunicación, Marianela Paco, denunció por “discriminación” a una serie de opositores, por haber hecho referencias no muy consideradas a su predilección por el uso de sombrero.