Inédita intervención en el máximo tribunal

Las propuestas de reajuste de la Justicia formuladas por el presidente Evo Morales en días pasados y a tiempo de inaugurarse el año judicial en Sucre, sirvieron de marco al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, para decantarse como ferviente admirador del Jefe del Estado e identificarse como seguidor del “proceso de cambio”: “admiro la gestión que él (Morales) ha desempeñado esta última década, solo de (una ) talla como él se puede esperar una verdadera revolución…”, fueron algunas de sus palabras de alabanza. Peor aún fue el mostrarse partidario, sino propugnador, de la apertura de la Constitución para la re-re-reelección del presidente Morales, junto a las reformas planteadas.

Pastor Mamani muestra de ese modo su sinceridad y reconocimiento con el Gobierno, ya que a él y sólo a él, debe su encumbramiento en el TSJ, después que por mayoría la ciudadanía rechazó en las urnas la elección de magistrados o no concurrió al voto, pese a lo cual se posesionó a un plantel judicial resistido. El remedio fue peor que la enfermedad y la crisis de la Administración de Justicia ha tocado fondo. Pese a todo este año se repetirá tamaño error en otra elección.

Es la primera vez que el máximo juez del país expresa públicamente admiración por un presidente en ejercicio y con ello sus preferencias políticas. Esta actitud viola la independencia de los Órganos del Estado y compromete, desde la cabeza, la imparcialidad del aparato judicial. Permite leer que estamos ante una Justicia a órdenes políticas y, por consiguiente, discriminadora y parcializada. No se puede pretender seguridad jurídica alguna en el país con repercusiones incluso hacia el exterior. Demandamos justicia a La Haya y le restamos eficiencia en casa.

En otra parte de su discurso Mamani cayó en la subjetividad al llamar “cáncer” al Consejo de la Magistratura –Órgano administrativo y disciplinario- porque, dijo, el rol de jueces y magistrados “no tiene que tener trabas en su camino…”. Es decir, está demás la fiscalización y el control que de alguna manera realiza o debe realizar el Consejo de la Magistratura, potestad que anteriormente estaba a cargo del TSE.

Remarcando su pedido de apertura de la CPE, sostuvo que ni ésta ni los códigos y otros son perpetuos o intocables y más bien susceptibles de cambios. No tuvo en cuenta que la CPE vigente rige tan solo desde el año 2009 y que jugar con sus continuas reformas es colocar a la sociedad en incertidumbre en cuanto e sus deberes y derechos. La Constitución es el “pacto social” que ni puede ser efímero ni como veleta que gira según el viento cambiante.