¿El Gobierno contra la mentira?

En el repertorio de leyes a gusto del Gobierno sobresale la propuesta del Jefe de Estado para una ley contra la “mentira”, solo porque él lo quiere. En sus primeros aprestos, el mandatario dijo que esa ley sancionaría a las autoridades como a los medios de comunicación que incurran en mentiras. Esto de las “autoridades” es una mera fachada para dar un toque de imparcialidad a su idea.

Pese a ello la dirección indubitable de la norma en ciernes es amordazar a los medios y a los periodistas. Aunque en América meridional son ya pocos los gobiernos que atentan contra el derecho de informar y ser informados y hasta hay mandatarios que defienden la libertad de prensa, está claro que en nuestro caso se busca constreñir a que se difunda solo lo que gusta oír al entorno palaciego, saltando a la vista su temor a que ciertos hechos salgan a la luz pública.

No obstante, el Gobierno no puede quejarse de que la información privilegie solo a un sector o a quienes piensen diferente, sino que los medios orales, audiovisuales y escritos otorgan espacios por igual a la oposición y al Gobierno o a criterios diferentes que accedan a los medios.

Si se va a cuentas, la mentira gira alrededor de los gobernantes -desde las más altas esferas-, los ejemplos son tantos y algunos tan conocidos que no vale la pena ocuparse al respecto. En los últimos días han sido recordados, sin omitir inclusive al Primer Mandatario, pero entre esas citas han faltado las mentiras oficialistas contra anteriores gobiernos que, como “árbol caído”, no tienen defensores. La profusa propaganda oficial miente también a discreción y no oculta remover el rencor clasista. Si ahora el Gobierno convoca a la unidad en vísperas del fallo de la causa marítima en La Haya, al menos debería evitar los señalados mensajes audiovisuales que invitan al odio y a la división.

No hay duda sobre que el verdadero propósito de la posible ley es que todos los que abarcan la información, el comentario y la crítica se cuiden mucho al hacerlo, por el grave peligro que correrían bajo una ley y un aparato judicial implacables. Sería el imperio de la autocensura que, de hecho, existe al presente. Es que, en ese sentido, la realidad es tan negativa que ofrece mucha tela que cortar, pero se prefiere callar.

Importantes organismos defensores de la libertad de pensamiento y de información a nivel internacional y nacional han reprobado el intento represor, recordando que estos principios y su práctica gozan del respaldo de la Constitución de 2009 y de la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925 en vigencia. La opinión pública espera que el Gobierno no incurra en ese nuevo error, en momentos en que ha instaurado prematuramente un período electoralista.