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Masistas afanados en la desestabilización gubernamental

Israel Camacho Monje

El ciudadano común boliviano no puede menos que lamentar que partidarios del Movimiento Al Socialismo, elegidos a dedo por el cocalero Evo Morales Ayma y que actualmente ocupan los 2/3 de la Asamblea Legislativa de Bolivia, durante catorce años, de manera irresponsable, antidemocrática y anticonstitucional no hayan participado en la elaboración de leyes y mucho menos en las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo. Y solo hayan obedecido ciegamente las órdenes de quien los puso en altos cargos, ya sea para levantar en alto la mano izquierda o repetir como disco rayado la palabra "aprobado" en todas las supuestas leyes, acuerdos y convenios elaborados a su gusto y sabor por el Poder Ejecutivo presidido por el cocalero Evo Morales y su entorno íntimo, conformado por comunistas fracasados y resentidos sociales. Pero, en el fondo, dichos actos no solo han ido delictivamente en contra de los altos y sagrados intereses de nuestro país, sino que de la noche a la mañana se han convertido en multimillonarios.

Ahora bien, en cuanto al título de esta nota: "Masistas afanados en la desestabilización gubernamental", se refiere por un lado a las declaraciones de una diputada masista que públicamente dijo, el 27 de marzo de 2020, en un canal de televisión local con alcance nacional que "el pueblo los había elegido –a ellos- para controlar al Poder Ejecutivo", y denunció que "el gobierno de la presidenta de Bolivia, Dra. Jeanine Áñez, no los tomó en cuenta en las determinaciones que asumió sobre el caso del Coronavirus", y es más, que "el problema lo estaba manejando políticamente".

Y por el otro lado, las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque Siñani, que dijo que el actual gobierno presidido por la Dra. Jeanine Áñez está cometiendo "el delito contra el derecho al trabajo" que tienen todos los funcionarios públicos, al ordenar su despido masivo.

Y el ciudadano común les recuerda a ambos funcionarios públicos que desde que su jefe, Evo Morales, asumió el poder gubernamental de nuestro país en enero de 2006, la Asamblea Legislativa, como Poder Legislativo, se subordinó a otro poder del Estado, como es el Poder Ejecutivo, y se convirtieron en simples “levantamanos”.

Y además el gobierno masista implantó dentro de la Administración Pública el sistema de contratos de trabajo eventuales cada tres meses, y que podrían ser renovados por otros contratos de tres meses, y así sucesivamente siempre y cuando los militantes masistas que han sido beneficiados con dichos cargos cumplan a cabalidad con las instrucciones político partidistas del MAS. Es decir para asistir obligadamente a todas las concentraciones de respaldo político partidario donde sea que se presente Evo Morales, ya sea a nivel local, provincial o en algún departamento de nuestro país, y obviamente con sus propios recursos económicos. Por ello debían cubrir los pasajes de ida y vuelta, gastos de alimentación, de alojamiento y otros.

Condicionamientos ilegales que durante 14 años han violado las leyes de Trabajo, lo que fue usado ex profesamente contra los propios trabajadores públicos para no pagarles los beneficios sociales, como el Seguro de Salud y los aportes patronales a la jubilación que todo trabajador boliviano tenía derecho hasta el 2005. Pero de eso... no se acuerdan. ¿Qué lástima, verdad?

 
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