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Habría infringido cuarentena

Suspendieron declaración de Quispe por falta de traductor

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, los funcionarios públicos deben hablar al menos dos idiomas oficiales del país, y esta es la segunda vez que la Fiscalía suspende una declaración de la autoridad del Fondo de Desarrollo Indígena por no entender su idioma nativo


RAFAEL QUISPE, DIRECTOR DEL FDI, JUNTO A SUS ABOGADOS, CUANDO SE PRESENTÓ A DECLARAR A LA FELCC DE LA PAZ FOTO: ALBERTO VALERO

El Ministerio Público suspendió, este viernes, por segunda vez la declaración del director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, por falta de traductor, ya que la autoridad empezó a comparecer en su idioma nativo, que es el aymara.

El 13 de abril, el Ministerio Publico inició de oficio una investigación contra Quispe por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, ya que la autoridad del FDI habría participado de una masiva reunión en la comunidad Marquirivi del municipio de San Pedro de Curahuara, en el departamento de La Paz.

En fecha 14 de abril, Quispe se presentó a declarar en respuesta a una citación de la fiscal América Ríos, en esa ocasión fue suspendida porque la autoridad del FDI se presentó sin su abogado.

“Me leyeron mis derechos, escuché y empecé a hablar, claro en mi idioma, y como la fiscal no entendía nada de lo que decía se vieron obligados a suspender. El tema de las leyes son claros, yo tengo todo el derecho de defenderme en mi idioma y los fiscales y policías deberían saber el idioma, ese no debería ser un motivo de suspensión”, manifestó Quispe en contacto con EL DIARIO.

El abogado Santiago Quispe, que defiende a la autoridad del FDI informó que la declaración se suspendió para las 9:00 horas del 30 de abril.

Rafael Quispe aclaró que no solicitó los servicios del exministro de la Presidencia Jerges Justiniano, para que lo defienda en este caso, y que todo fue una especulación de los medios de comunicación.

NORMAS

El artículo 234 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que uno de los requisitos para permanecer o acceder a un puesto de trabajo en la administración pública es “hablar al menos dos idiomas oficiales del país”.

Asimismo, la Ley 269 General de Derechos y Políticas Lingüísticas del 2 de agosto de 2012, estableció un plazo de tres años para que los funcionarios públicos aprendan un idioma indígena según el principio de territorialidad, plazo que venció en 2015.

El abogado Leopoldo Chui manifestó que en el caso de Rafael Quispe, la fiscal, que es la directora funcional de la investigación, tendría que haber designado, en el momento, un traductor tomando en cuenta que los efectivos policiales, en su mayoría, entienden y hablan el idioma aymara.

“Era solamente realizar un proveído o requerimiento y designar a un policía y se le tome la declaración al señor Quispe, en sus manos estaba la mejor forma de canalizar la investigación”, dijo.

Por otro lado, manifestó que todo funcionario público, en este caso todo fiscal, antes de ingresar a la institución realizó una declaración jurada donde establece que domina medianamente el idioma aymara.

“Hizo una declaración jurada y también ha presentado un certificado a la Fiscalía dónde acredita que habla aymara, por esta razón corresponde un proceso administrativo, incluso puede ser derivado a la justicia ordinaria con un proceso penal por incumplimiento de deberes, por el hecho de omitir el cumplimiento de sus funciones”, explicó.

Al respecto Quispe, manifestó que es una pérdida de tiempo citarlo a declarar y más aún en este tiempo de cuarentena, cuando la circulación es limitada. “Debíamos estar en estos momentos en el campo, yo debía estar en el campo informando en aymara de cómo se puede prevenir el coronavirus”, agregó.

En junio de 2018, una audiencia de juicio dentro del proceso que le inició la excandidata del Movimiento Al Socialismo, Felipa Huanca, a Rafael Quispe por acoso político fue suspendida, también por falta de un traductor.

 
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