SOCIEDAD    

Denuncian a Luis Arce por daño económico al Estado



Por la contratación de dos empresas extranjeras que deberían proveer software a la administración del Sistema Integral de Pensiones y no lo hicieron, pese a haber recibido adelantos, el exministro de Economía Luis Arce fue denunciado ayer, en la vía penal por la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

El gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, después de presentar la denuncia en la Fiscalía de La Paz, aclaró que Arce fue denunciado por el presunto delito de daño económico al Estado.

“Se ha realizado un trabajo técnico a través de auditorías internas y auditorías especiales y se encontró, de manera contundente, pruebas que involucran al señor Luis Arce como también a funcionarios que intervinieron en estos contratos, que tienen que ver con la provisión de software destinado a la administración del Sistema Integral de Pensiones, uno con la empresa panameña Sysde International INC y otro con la colombiana Heinsohn Business Technology”, precisó.

El gobierno de Evo Morales pagó $us 3,8 millones como adelanto de un contrato valuado en $us 5,1 millones a panameña Sysde International INC, pero esta empresa nunca entregó el software comprometido.

La colombiana Heinsohn fue contratada por $us 10,8 millones para la provisión de este software, pero además el Estado boliviano tenía que pagar un derecho de uso, un alquiler de $us 1,6 millones anuales por la licencia y el código fuente.

Flores señaló que en 40 años, que es el tiempo de duración de este contrato, el Estado iba a erogar $us 78 millones en estos pagos ilegales.

“Esto es lo que nos han tratado de engañar y es mi deber, como representante legal de la Gestora Pública, denunciar penalmente y será la Fiscalía que haga las investigaciones adicionales y nosotros coadyuvaremos, puesto que tenemos las pruebas para demostrar que lo que habido aquí es un acto de corrupción”, aclaró.

La autoridad precisó que la falta de este software significa que no se puede migrar la base de datos de todas las aseguradoras a la Gestora Pública.

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