Inversión pública en agropecuaria

Un reciente debate fue auspiciado por el IPDRS, CRECE, SAM-OXFAM y con la participación de CIDES-UMSA y Fundación Jubileo.

En la participación del CIDES-UMSA, representado por José Núñez del Prado, se preguntó: frente al discurso de “cambio” y de prioridad a los grupos indígenas, originarios y campesinos, ¿qué rol juega la inversión pública, en torno a dicha propuesta?

Para ello hace una revisión de cifras oficiales, de INE, BCB, y también utiliza cifras de PNUD, Fundación Jubileo y otras en torno a las principales variables que relacionan la inversión pública con el desarrollo del sector. A continuación, parte de ese análisis.

Una variable analizada fue la formación bruta de capital en nuestra economía, revela que aquella dirigida al sector agropecuario entre 1970 y 1986 cae de 12,0 a 5,4%, estando conformada en 1980 por 49% pública y 51% privada, frente a 42 y 58% para 1991 y la conformación de la estructura de capital pasa de 16,1% a 10,3% para el sector agropecuario entre 1970 y 1986, en contraste con minería que cae de 11,0 % a 6,4% y en el caso de la actividad extractiva petrolera de 16,2 a 11,6%; todos los sectores muestran caída en esta variable.

La ejecución presupuestaria entre el 2000 y el 2009, en términos de miles de millones de Bs., en el caso de hidrocarburos pasa de 0 (cero) a 159.945; en el caso de minería de 3.083 a 394.699 y en el caso agropecuario de 27.918 se eleva a 722.699. Esto contrasta fuertemente con las cifras para infraestructura, que más que se cuadruplican de 1.393.314 a 5.937.680, ya que el enfoque de los últimos 10 años parece dirigirse a fortalecer este sector que significa más carreteras, más energía y más riego.

Esto se observa mejor en el caso de la composición de la inversión pública en términos de porcentaje, la cual es de 10,4% en 1998 y baja a 9,1% el 2006. Para minería cae de 1,2 a 0,7%, en hidrocarburos se eleva de 0,5 a 1,5% frente a 34,9 y 56,4% para infraestructura en este tramo de tiempo.

Una medida de cuánto interés se ha puesto en el sector agropecuario es la contribución del mismo al PIB en términos porcentuales; el mismo ha ido cayendo de 15,3% en 1990 a 14,2 el 2000; 9,1 el 2005 y 7,0% el 2010, es una reducción considerable para un periodo relativamente corto. Pero se debe tener presente que el aporte de los sectores minero e hidrocarburífero, que crecen considerablemente, es atribuible en gran medida a la creciente subida de los precios en los mercados internacionales, los cuales, como se menciona frecuentemente en los análisis macroeconómicos, han contribuido al extraordinario crecimiento del PIB, particularmente en los últimos 6 años y han permitido al mismo una presencia de liquidez en la economía y contribuido a la formación de reservas internacionales que, al presente, estarían sobrepasando los 12 mil millones de dólares.

Resulta interesante destacar que el sector agropecuario no es de interés de la inversión extranjera directa, con 0,39% en 1996, 0 el 2000 y 0 el 2005; aparece una modesta inversión de este origen el 2.007 con 0,2%, lo que es absolutamente insignificante si se compara con el 45,5% de IED en hidrocarburos el 2000; 28,5% el 2005 y 17,8% el 2007. Esto es congruente con una política económica dirigida a fortalecer los sectores extractivos primarios.

Una revisión ligera del cuadro presentado sobre prioridades para la definición sectorial de la inversión pública en las mesas municipales, muestra sorpresas: Santa Cruz aparece con turismo, ganadería, apicultura, leche y papa y no aparece soya (?). En Cochabamba aparecen lechería, maíz y papa, lo que es más congruente con su tradición productora.

En conclusión, de los datos presentados por Núñez no queda claro si en la “época del cambio” ha habido una preferencia por la inversión pública dirigida a fortalecer el aparato productivo agropecuario. Parecería que no.