Analistas observan racismo, discriminación y violencia vigentes en cada nivel del Estado

• Sistema jurídico vigente no logra prevenir violencia ni establecer responsabilidades por actos de racismo y discriminación.


Campesinos vejados en Sucre, luto en el Porvenir y violencia en Chaparina son una mancha en la historia de Bolivia y reflejo de los días de intolerancia en la era del denominado proceso de cambio.
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La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (045) fue promulgada en octubre de 2010. El presidente Evo Morales en el discurso emitido en la oportunidad, dijo que la norma buscaba eliminar 500 años de racismo del Estado colonial y republicano. Sin embargo, la intolerancia, el racismo, la discriminación y la muerte han marcado los últimos años de transición al Estado plurinacional.

El analista Fernando Untoja, hizo referencia a tres hechos relevantes en los que se observó los fenómenos de racismo y discriminación, los cuales se perpetuaron en tres niveles de administración del Estado: municipal, con los vejámenes en la ciudad de Sucre; departamental con los enfrentamientos del Porvenir en el departamento de Pando; y nacional cuando se produjo la represión policial a los indígenas del Tipnis.

“Esto demuestra que no importa si son indígenas o no, de igual manera hay racismo y discriminación en contra de lo que siempre se consideró una minoría oprimida. La promulgación de leyes, especialmente la Ley 045 y el discurso que ha manejado el Gobierno de una supuesta igualdad, no han tenido avances y repercuten en hipocresía”, dijo.

Untoja recordó la posesión del Primer Mandatario, realizada en la localidad de Tiwanaku donde se realizó una ceremonia ancestral y aseveró que a partir de ese acto de propaganda se comenzó a manejar un discurso demagógico.

Por otro lado, el activista de Derechos Humanos, Waldo Albarracín, explicó que en estos tres hechos, el factor común es la impunidad, porque hasta hoy los procesos correspondientes no siguen su curso para determinar responsabilidades.

Asimismo, indicó que se vulneraron los derechos humanos de campesinos e indígenas desde las esferas de poder sin importar el origen político ni el nivel de administración estatal.

“Aquí se ha vulnerado el derecho a la dignidad, seguridad, igualdad, integridad física, a no ser maltratado ni a recibir vejaciones ni humillaciones”, expresó.

NIVEL MUNICIPAL

El 24 de mayo del 2008, jóvenes universitarios y partidarios de las autoridades locales de Sucre, allanaron viviendas donde se encontraban alojados campesinos que llegaron a la ciudad para participar de un acto convocado por el gobierno de Evo Morales.

Los agresores arremetieron con golpes al rostro y cuerpo de los campesinos. Las mujeres campesinas también recibieron agresiones físicas y verbales, que advertían adjetivos racistas. Tras la golpiza los afectados fueron secuestrados para luego ser trasladados a la Plaza 25 de mayo, donde fueron obligados a “pedir perdón” de rodillas y semidesnudos ante la multitud, dejando sus whipalas y besando la insignia departamental.

NIVEL DEPARTAMENTAL

El mismo 2008, en el mes de septiembre, más de una decena de pobladores, en su mayoría campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) perdieron la vida en el Porvenir, localidad del departamento de Pando, por un grupo de civiles no identificados. También se registraron más de 100 desaparecidos y exiliados tras la dictación del Estado de sitio departamental.

La determinación de los responsables, no fue esclarecida hasta la fecha. El Gobierno se limitó a acusar al entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por haber “ordenado la matanza”, conocida hoy como la “masacre del Porvenir”, mientras que los autonomistas afirmaron que fueron los campesinos quienes iniciaron el enfrentamiento, utilizando armas de fuego y petardos con dinamita.

NIVEL NACIONAL

Tres años después, un nuevo hecho causó repercusión desde Chaparina cuando más de 400 efectivos policiales intervinieron la octava marcha indígena. Los marchistas descansaban en un campamento improvisado, cuando los uniformados los gasificaron, golpearon y maniataron para luego obligarlos a subir a unas flotas con rumbo desconocido.

Las responsabilidades apuntan al presidente Evo Morales y a las exautoridades Sacha Llorenti y Marcos Farfán. Hasta la fecha, la investigación sólo determinó a dos altos mandos policiales como implicados.

Informe: María Carballo.

 
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