[Harold Olmos]

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Precalentamiento


Impulsado por el llamado a elecciones en octubre, empieza a tomar cuerpo un movimiento que luce destinado a agitar progresivamente al país: la demanda por una amnistía general que limpie el camino hacia las elecciones de octubre e instale un ambiente de reconciliación. La cuestión está planteada desde hace tiempo, pero ha cobrado vigor estos días al surgir en el horizonte la nueva cita con las urnas.

Al presentarse a la vida política pública, un grupo de ciudadanos planteó hace poco más de un mes una convergencia de propósitos básicos y propuso un cambio de rumbo para ofrecer al país una alternativa diferente de las que emergieron en las décadas finales del siglo pasado. La iniciativa ha dado lugar a un Frente Amplio, entre cuyos articuladores iniciales está media centena de figuras nacionales, bajo la convocatoria a pasar “del despotismo que tenemos a la democracia que queremos”.

En una dirección similar favorable a una amplia amnistía se pronunció el pasado fin de semana Acción Democrática Nacionalista, que en un escueto pronunciamiento planeó con urgencia una “declaratoria de amnistía amplia e irrestricta”, junto a un “cese de persecuciones a políticos y dirigentes cívicos, el retorno de los asilados y el desistimiento” de juicios instaurados como “parte del acoso judicial” cuya práctica, como instrumento de lucha política, atribuye al gobierno.

El pronunciamiento de ADN subraya los giros de la historia boliviana desde la década de 1970, en cuyo epílogo una huelga de hambre que prendió en gran parte del país y precipitó el movimiento que desembocó en una amnistía general y en las elecciones de 1978.

Un planteamiento semejante ha surgido del Movimiento Democrático Social (MDS), fundado recientemente bajo el liderazgo del gobernador Rubén Costas.

El MIR, que postula una amnistía sin recortes desde hace tiempo, sostiene que, para ser democráticas, las elecciones deben conllevar una reestructuración del Tribunal Supremo Electoral que confiera a ese organismo credibilidad e independencia del gobierno. Asegura que sólo un poder electoral idóneo, como el que surgió a comienzos de la década de 1990, sería capaz de restablecer la confianza de todos los bolivianos en quienes deben garantizar el respeto al veredicto popular y a las normas democráticas.

Sin alborotos, ese partido parece prepararse para lo que sus dirigentes vislumbran como “el retorno” de Jaime Paz Zamora. Una proclamación del ex presidente (1989-93), dicen, equivaldría al ingreso de un pura-sangre de la política boliviana a la arena electoral que agitaría la contienda y dificultaría la marcha electoralista del presidente Morales. El reingreso de Paz Zamora obligaría a comparaciones necesarias entre las formas de gobierno de ambos líderes y, eventualmente, a un debate que ninguno de los dos podría eludir. Un debate así traería la presencia de otras personalidades políticas de relevancia.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), sin mayor proyección nacional pero con el prestigio de su presencia activa en Europa, se organiza bajo los mismos postulados.

Si a eso se agrega un eventual retorno de exiliados (774, dice un organismo dependiente de la ONU) y libertad de presos, inclusive de los que representan los casos más emblemáticos para el gobierno, el año luce lleno de expectativas bajo un precalentamiento cada vez más intenso.

La historia parece con frecuencia una repetición de fenómenos y aprender de ella debe ser ejercicio continuo de los gobernantes. Las autoridades argumentan que en Bolivia no hay presos políticos y que quienes están presos o exiliados son “delincuentes políticos.” Lo mismo decía el gobierno del general Banzer en 1977. Pero los reclamos por el restablecimiento de un clima de concordia nacional fueron más fuertes y generaron una corriente nacional que avanzó indetenible.

Curiosamente, ese movimiento fue una consecuencia del fracaso de la gestión que el gobierno de entonces había lanzado en Charaña. Las autoridades pusieron sus mayores esfuerzos en las negociaciones que vinieron y, al fracasar, quedaron inermes ante el reclamo por un reencuentro y reconciliación que prevalecía en la nación. Ese fracaso fue una rendija por la que se filtraron las críticas a su administración. Desacostumbrado a lidiar en un clima democrático de iguales, no resistió el boquete que se fue abriendo. Pero esta es otra historia.

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TITULARES

Usurpado el 7 de octubre de 1970, por defender
la libertad y la justicia.
Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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