La plaza Villarroel y la avenida Busch

Imperturbables continúan los trabajos de la Línea Blanca del teleférico en la avenida Busch, pese a la preocupación de los vecinos de la zona, del Colegio de Arquitectos y de la opinión pública paceña. La asociación de propietarios e inquilinos de las arterias perjudicadas se han dirigido al presidente Evo Morales el 15 de julio pasado, solicitando se detengan dichos trabajos y con espíritu constructivo se traslade la ruta de la Línea Blanca a la ladera Este de la ciudad. La comunicación recuerda a S.E., su propósito de “gobernar escuchando al pueblo”. Empero, hasta el momento, la Presidencia no dio ni aviso de recepción de la nota y, por el contrario, adopta la misma posición que frente a las demandas de Comcipo, mediante la ausencia y el mutismo. Esta situación no se hace extraña si se ve que los vecinos no constituyen un “movimiento social”, aunque Comcipo sufre un trato similar pese a su carácter masivo.

Tampoco el Gobierno –gestor del teleférico- da muestras de analizar el planteamiento del Gobierno Municipal, por el cual se trace el cable incluyendo a las villas Copacabana, San Antonio, Armonía hacia la Curva de Holguín, zonas que no cuentan con adecuado transporte. César Dockweiler, principal del teleférico, aduce una supuesta inestabilidad geológica de la indicada ladera Este, olvidando que la ingeniería contemporánea vence lo que hace decenas de años se consideraba imposible. Sería ocioso dar ejemplos al respecto y basta citar al viaducto inframarino que une Gran Bretaña y Francia. Se da la espalda también al enorme beneficio social de la conducción del cable a las populosas zonas sitas al este de la ciudad. ¿Acaso la Línea Roja no se la hizo para servicio de la migración cotidiana a La Paz de la gente de El Alto?

Los vecinos de la Busch y adyacentes son personas de clase media que viven en edificios y cuya economía no les posibilita habitar en casas ni mansiones, pero no es escuchada. Uno de los motivos de su justa reclamación se debe a que el proyecto atenta contra su privacidad familiar, derecho que forma parte de los derechos humanos elementales y que la Constitución del Estado garantiza, además de sufrir la depreciación de sus viviendas, como ya ocurre con numerosos inmuebles en la zona Sur.

Hasta el momento se advierte una actitud autoritaria de los ejecutores de la intervención a la plaza Villarroel y a la avenida Busch, violando francamente la jurisdicción y competencia urbana-territorial del Gobierno Municipal de La Paz, muchas de cuyas atribuciones se viene atribuyendo el cuestionado proyecto. Estos agravios atentan en definitiva contra la ciudad del Illimani, pasible como se encuentra ante una invasión jurisdiccional del Poder Central.