Posible reforma de la Constitución

Con base en ciertas consideraciones objetivas y subjetivas, producto de las elecciones generales de octubre del año pasado y las locales de marzo del presente, así como por presiones de la realidad social del país, se ha puesto en debate la necesidad de proceder a introducir reformas a la actual Constitución Política del Estado, estudiada y aprobada por la Asamblea Constituyente de 2006 en medio de grandes dificultades. El asunto está aumentando de incandescencia y los bandos enfrentados ante esa posibilidad se van radicalizando con una serie de argumentos, algunos de ellos consistentes y otros de menor cuantía.

En primer lugar, se debería considerar en forma concreta lo que habrá que reformar de esa llamada “ley de leyes” y, en segundo lugar, hasta qué punto esos cambios pueden ser posibles, aspectos que no se tiene en cuenta aún, salvo muy raras excepciones o tal vez ninguna, pues no se han realizado estudios a fondo de las características y contenido de la nueva Carta constitucional, ni se ha visto todavía la conveniencia o inconveniencia de su aplicación.

En efecto, los constitucionalistas bolivianos no se han pronunciado sobre el asunto y más bien se han limitado a dar cumplimiento, a fardo cerrado, a su extenso articulado. Se podría decir al respecto que lo único que se ha escuchado sobre la nueva Constitución es caudalosos elogios y no se ha conocido análisis orgánicos en ningún sentido. Es más, grandes jurisconsultos no han dicho esta boca es mía, en la misma forma que ocurre con los Colegios de abogados, universidades estatales y privadas y otras entidades que bien tuvieron y tienen la oportunidad de hacer conocer su oposición o apoyo a la nueva disposición constitucional.

En ese sentido abstracto y nebuloso, algunos partidarios del oficialismo creen que la Carta magna debe ser reformada en algunos aspectos referidos a la continuidad del mandato presidencial por un tercer periodo, sin llamar a elecciones y hasta “de por vida”, mientras sectores opositores si bien claman por reformas a la Constitución, quieren que se toque otros aspectos, no desean ni oír acerca de la duración presidencial.

Finalmente, no faltan personas y tiendas políticas que proponen que la actual CPE sea objeto de análisis de fondo y, como efecto, anulada en absoluto y, en cambio, se dicte una nueva, inclusive convocando a una nueva Constituyente, algo por lo demás no imposible en vista de la tradición política boliviana de cambiar constituciones y recordando que ya son más de 15 casos en que se actuó en ese sentido, siempre buscando dar al país un objetivo histórico que lo saque del atraso, dependencia e ignorancia.

Por otra parte, en vista de que las sugerencias para una reforma constitucional son tan genéricas y ambiguas y todos se guían por prejuicios o aspectos secundarios, una encuesta se ha pronunciado en contra de modificar la CPE con el alto porcentaje del 51 por ciento, mientras sólo el 36 por ciento está a favor, el 6 por ciento no votaría y el 7 no responde, referencia estadística prematura que, sin embargo, constituye un indicador importante acerca del punto de vista de la opinión pública, aunque en torno únicamente de la re-re-reelección presidencial.

Se afirma también que para ir a una reforma constitucional sería preciso realizar previamente un referéndum, pero éste debería realizarse no sobre varios aspectos generales, sino específicamente en torno a un punto concreto, para evitar, de esa forma, confusiones y apreciaciones tramposas y así, una vez aprobada la reforma general, recién ir a otros referéndums también concretos, para la reforma de la justicia, la re-relección, la orientación histórica que debe seguir el país entre el pasado y el futuro. Finalmente, se debe dar libre paso a todos los sectores de la población para que se pronuncien sin temor, no sólo sobre la forma sino sobre el contenido de la Constitución en vigor.