Crisis en los sectores industrial y agrario

El Gobierno y los empresarios aglutinados en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) aprobaron en junio pasado un acuerdo destinado a activar la economía. Entre varios puntos concretos se acordó formar seis “mesas” de trabajo para estudiar cómo garantizar mayor inversión y crecimiento económico. Al mismo tiempo, se dijo que se estudiaría temas referidos al mercado interno y externo, fortalecimiento del turismo, reducción de la burocracia oficial y otros aspectos dirigidos a enfrentar la crisis económica originada en el bajón de los precios de las materias primas de exportación.

Las noticias acerca del funcionamiento de las mesas de trabajo, pese a los compromisos de las partes que suscribieron el pacto, fueron inicialmente optimistas; pero pasados casi tres meses del solemne compromiso, no se ha vuelto a tener noticia de sus actividades y, entre tanto, los problemas económicos del país continúan en una tendencia negativa, a la que se agregan dificultades sociales, como la ocurrido entre el Gobierno y los cooperativitas mineros que amenazan frenar la producción en la minería cooperativista y otros aspectos.

No se conoce las causas del silencio de las labores de las referidas mesas de trabajo, pero, entre tanto, la economía nacional continúa en declive, como confirmaron los empresarios de Cochabamba, presididos por Federico Diez de Medina, quienes hicieron conocer que entre enero y junio de este año cerraron sus operaciones en ese departamento nada menos que 5.117 empresas. Se agregan a esa tendencia negativa otros factores como la paralización de la agricultura debido a la sequía, el contrabando y, en particular la ineficacia de medidas paliativas dictadas por el Gobierno.

En relación con la cuestión agropecuaria, que debieron considerar las mesas de trabajo, se confirmó que fue objeto de interés por parte de los empresarios, quienes dijeron que los doce decretos que dictó el gobierno a fines de agosto “no son aplicables” por ausencia de eficiencia administrativa y porque no tocan el fondo de la cuestión agraria.

Al respecto la CEPB, sosteniendo que los doce decretos no tienen aplicabilidad, detalló que las deudas por más de 400 millones de dólares que contrajeron los pequeños productores por compra de agroquímicos, maquinarias y otros constituían un asunto que de no resolverse “podrían provocar el resquebrajamiento económico” de ese sector, el mismo que se concretaría con la caída de la producción de 300 mil toneladas a 150 mil, siempre que llueva oportunamente, se cumpla el decreto de subvención al maíz, y otros, datos que podrían encarar las “mesas” formadas por el pacto Gobierno-empresarios.

Finalmente, la Confederación de Empresarios tuvo una efímera aparición para informar que el Gobierno negó conceder incentivos para el sector privado, lo cual habría causado que el proceso de diálogo para incentivar la economía quede suspendido y la actividad de las “mesas” suspendida.