Uso de dineros privados para objetivos dudosos

Tres asuntos candentes planteó el gobierno en semanas pasadas causando, naturalmente, visible malestar entre la población en su conjunto, pero en particular entre la clase obrera que terminó por alejarse del partido gobernante. Los tres problemas son: el descuento de parte del gobierno de un porcentaje a las Administradoras de Fondos de Pensiones, entidades privadas que funcionan con los aportes de los trabajadores, para financiar a los empresarios agropecuarios de Santa Cruz; el preaviso para dejar cesantes a los trabajadores, y el caso de la gerencia de la Caja Nacional de Salud. El asunto que causó mayor revuelo fue el anuncio del gobierno de utilizar dineros particulares, provocando inclusive una huelga general decretada por la Central obrera Boliviana (COB).

A tiempo de ser anunciada la medida, el presidente Evo Morales afirmó en una conferencia en las oficinas de la Cainco de Santa Cruz, que el año pasado recibió “por medio del hermano vicepresidente Álvaro García Linera, una propuesta “de cómo crear un fondo de crédito del Fondo de Pensiones”, sugerencia que la tomó como “una excelente iniciativa”. En la declaración agregó que ordenó a los ministros de Economía y Planificación que trabajen en la propuesta para “ampliar las áreas productivas, la frontera agrícola” de Santa Cruz.

Luego de analizar la propuesta, el gobierno comunicó a la CAO, Cainco y CAPO que el proyecto fue aprobado, lo que permitió una reunión en la sede de la Cainco con los directivos de esos organismos, donde el Presidente dijo: “hemos llegado a buenos acuerdos”, para agregar enseguida: “se va a disponer del cinco por ciento del Fondo de Pensiones para crédito agropecuario. Llega -agregó- a ser como 150 millones de dólares; de los cuales van a estar disponibles 100 millones para crédito”. Enseguida la autoridad concluyó que estaba “muy agradecido por estas propuestas” (sic), aunque lamentó que “algunos hermanos nuestros se dedican al contrabando”.

La propuesta por los hacendados orientales, una vez estudiada por los ministerios de Economía y Planificación, fue refrendada por el Presidente en la aludida oficina y recibida, sin embargo, con pesimismo por la opinión pública, destacando: “Primero, es el uso abusivo de recursos privados. El Fondo de Pensiones comprende a los aportes que cada ciudadano hace, todos los meses, con la intención de jubilarse. Es su dinero. Podría incluso retirarlo, como si se tratara de una Caja de ahorros” y que se trataría de “Confiscar esos recursos es casi una desdolarización”. (El DIARIO. Asalto a las AFP, 20 enero).

Naturalmente, el titular de la Confederación de empresarios (CEPB) mostró amplias sonrisas, sin embargo comentó que ese crédito “es un gran paliativo”, pero “que no es suficiente”, ya que el gremio requiere 400 millones de dólares, mientras un dirigente de la Anapo aseguró que ¡¡“el sector requiere por lo menos 2 mil millones de dólares para atender las necesidades de capital de inversión”!! Entre tanto, una fuente reveló que el sector agrícola de Santa Cruz “se encuentra en mora por créditos de 474 millones de dólares, “lo cual es un riesgo para la recuperación de los dineros provisionales de los trabajadores”.

En todo caso, subsisten dos interrogantes: Primero, ¿Es correcto utilizar recursos privados en forma arbitraria por presiones de empresarios que no tienen aseguradas sus labores? y, segundo, ¿Ese crédito asegurará algún éxito en la agricultura mientras no se resuelva el problema de la tierra, que no permite hasta ahora el desarrollo de la agricultura?

Esos aspectos, entre otros muchos, ponen en duda la eficacia del cuantioso crédito para agricultores orientales, más aún cuando se conoce que en otras oportunidades rehuyeron el pago de grandes créditos y finalmente consiguieron que fueran condonados, como en 1980, cuando el pueblo boliviano debió cargar sobre sus espaldas créditos por más de 50 millones de dólares. Por otra parte, no se olvida que hace unos ocho años, se produjo el primer intento estatal de utilizar los fondos de las AFP, propuesta que fracasó por la resistencia de trabajadores, obreros, empresarios y público en general, hasta que el asunto fue archivado hasta el presente, aspectos que hacen ver que el proyecto actual no tardará en ser archivado.