Populismo hace peligrar los derechos humanos

El 10 de diciembre de 1948 se aprobó en Naciones Unidas la Declaración de Derechos Humanos; institución que, a través de sus representantes a nivel mundial, ha expresado conceptos muy claros sobre la urgencia de preservar los derechos en aras de una convivencia mundial que abarque a todos los países. Consideran que el respeto a tan importantes partes de la vida constituye crecimiento institucional, desarrollo de los pueblos, atención prioritaria de los beneficios de educación, salud, vivienda y todo lo que beneficie al hombre.

Muchas veces, en casi todos los continentes, los derechos humanos son vigilados y hasta suprimidos por tiranías y dictaduras populistas que no han respetado a quienes consideraban contrarios a sus políticas atentatorias al bien común; han violentado instituciones y proscrito entidades destinadas a perfeccionar métodos que permitan un trato justo, equitativo, ecuánime al ser humano con miras a su desarrollo integral; pero, sobre todo se ha condenado a esos sistemas como violadores de lo que por sí misma la naturaleza ha otorgado a todos.

La Declaración de Naciones Unidas establece, clara y terminantemente: “Los derechos humanos básicos son de carácter civil, político, social, económico y cultural”. Se ha sostenido siempre que la consideración y cumplimiento de esas reglas es inherente a gobiernos, instituciones de toda naturaleza, empresas económico-financieras, entidades sociales e instituciones culturales que en todas sus políticas y acciones deben considerar y cumplir un respeto absoluto por los derechos de las personas.

Se añade con claridad: “Defender los derechos humanos va en interés de todos porque promueve el bienestar de las personas, la estabilidad de las sociedades y la armonía de este mundo tan interconectado”. Se sostiene que, especialmente quienes poseen poder político, económico, social o cultural deben respetar la Declaración de Derechos Humanos, tomar conciencia de su contenido y hacer práctica de todo ello. Especialmente los gobiernos que administran los países, tienen la obligación de aplicar las leyes en todo sentido como medio de no violentar derechos inalienables e irrenunciables de las personas porque todos, sin excepción deben gozar de esos privilegios por moral de conciencia y porque así lo determinan documentos que cada país ha ratificado y confirmado plenamente porque se trata de compromisos que no pueden ser soslayados por simples políticas populistas que sólo sirven a intereses creados.

Es preciso, pues, que gobiernos, instituciones de toda laya, organizaciones empresariales, profesionales y sociales, unan esfuerzos con miras a exigir que los derechos humanos sean parte fundamental de la vida de los pueblos; lo contrario implicaría graves atentados a todo lo que es importante para la vida; ese respeto debe ser ejemplo y norma de vida de las nuevas generaciones que desde la familia, la escuela, los colegios, universidades y otros centros de formación tienen que tomar conciencia y práctica en sus relaciones partiendo del principio de amor por el prójimo que Cristo predicó para todas las generaciones.