Al menos cuatro habilitados tienen antecedentes penales

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, a nombre del Consejo Universitario presentó públicamente antecedentes penales de al menos cuatro postulantes para el Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura que fueron habilitados por el Legislativo.

La autoridad académica lamentó que la comisión evaluadora de la Asamblea no revisara los antecedentes de estos candidatos.

“Recogiendo la aspiración ciudadana, de tener una justicia proba, queremos decirles que es probable que ellos (las autoridades del Legislativo) no se hayan informado, pues existen postulantes indebidamente habilitados. Por ejemplo: Gonzalo Alcón Aliaga, Francisco Tarquino y Román Castro, quienes cuentan con antecedentes penales, que en su momento se hizo conocer”, indicó.

Esta declaración surge, tras un entredicho de la semana pasada entre el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales y Albarracín, quien descalificó a los postulantes para el Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, porque cuentan con antecedentes penales y aspiran a ocupar cargos de altas autoridades en el Órgano Judicial.

OBSERVADOS

Gonzalo Alcón Aliaga, candidato al Consejo de la Magistratura, obtuvo una nota de 76 puntos en la fase de evaluación y fue habilitado para postularse a un cargo de esa instancia. Según la documentación presentada por la UMSA, tiene denuncias en su contra por presunto incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, prevaricato y violencia familiar.

“Estos son datos del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) incumplimiento de deberes, violencia familiar o doméstica; en otro proceso esta denunciado por uso indebido de influencias. Estamos hablando del mismo postulante estrella, otra causa es denunciada por prevaricato”, detalló.

En segundo lugar se mencionó a Francisco Tarquino, también postulante al Consejo de la Magistratura, que obtuvo la puntuación de 59.4. Ha sido exrepresentante departamental del CM, al ser designado de manera directa por la magistrada Cristina Mamani, quien también se postula por tercera vez al Órgano Judicial.

Esta persona tiene denuncias de múltiples hechos de corrupción, incluso estaría vinculada con juez Fernando Rivadeneira, quien recientemente fue suspendido por liberar a un ciudadano brasileño, que protagonizó el atraco a la joyería Eurochronos, en la ciudad de Santa Cruz, y que murió en el tiroteo de ese día.

La tercera persona observada es Lilian Mercedes Sandi de Zeballos, quien también fue representante del CM en La Paz y está habilitada como postulante para esa instancia, obtuvo 59.1 puntos. Tiene una acusación penal por hechos de corrupción cuando fungía de jueza.

Finalmente, Román Castro, juez primero de sentencia en lo penal y exrector de la Universidad Autónoma Pública de El Alto (UPEA). Este postulante fue retirado de su cargo por estar implicado en hechos de corrupción.

En la revisión de los documentos proporcionados por el Rector de la UMSA, Castro tiene denuncias por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, estafa, lesiones graves y leves, incumplimiento de deberes y robo.

DENUNCIAS

En ese marco, Albarracin indicó que el pasado 30 de julio de 2016 se hizo llegar denuncias a la entonces ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, donde se dio a conocer que el exrepresentante del Consejo de la Magistratura, Francisco Tarquino, y el juez Fernando Rivadeneira están implicados en hechos de corrupción.

La autoridad académica aseguró también que esa denuncia se envió a la Asamblea Legislativa y pidió a este órgano estatal que revise aquellos antecedentes de oficio.

Sobre este punto, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que esperarán a que el Rector de esa unidad académica presente los documentos de los postulantes observados y será puesto a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa, para tomar alguna determinación.

“Valoramos que el rector de la UMSA nos acerque esta información, esperemos que sea fidedigna y realizaremos nuestro trabajo, indagaremos el tema y si corresponde tomaremos las medidas correspondientes. El hecho que estén en la lista de habilitados y que pasen a la asamblea no quiere decir que tengamos que taparnos los ojos”, apuntó Gonzales.