Elección de candidatos a la magistratura

Todo el aparato y el tiempo insumidos por el oficialismo para la selección de candidatos al Órgano Judicial solo sirvió para reeditar lo ocurrido en el anterior proceso, que como se ha constatado sirvió únicamente a los intereses del Gobierno. El objetivo principal de la elección del 2 de diciembre próximo es asegurar una nueva reelección del presidente Evo Morales a través de los niveles judiciales.

En consecuencia, más del 72% de los postulantes son o funcionarios públicos o personal judicial en ejercicio. Los cuales en su mayoría no aseguran solvencia ética. Sobre los que pertenecen al Órgano Judicial pesan con mayor evidencia pésimos antecedentes de corrupción, denuncias y procesos. A su vez, en el interior de la Administración Pública no se encuentra hojas ejemplares de servicio. Unos y otros ocupan sus cargos gracias a su militancia masista. Al incluir a estos elementos, el Reglamento de participación abrió una de las puertas más objetables, pero destinadas a nutrir la convocatoria con candidatos de su confianza.

Después de lo ocurrido en la anterior selección y elección de magistrados y el ajusticiamiento aplicado al magistrado Cusi por haberse alejado de la línea militante, ningún profesional que se estime podía haber prestado su nombre, tal como ha quedado claro.

Las universidades se prestaron al juego oficialista, poco decoroso para la institución académica. Basta recordar a un ex miembro del Tribunal Departamental Electoral del Beni, propiciador de la anulación íntegra de los candidatos opositores en ese departamento, horas antes del evento eleccionario del año 2011, quien asumió la representación de esa universidad en este proceso.

En fin, todo lo actuado por la Comisión Legislativa Mixta con amplia mayoría del MAS, obedecía a los intereses políticos predeterminados. Quizá lo que desnuda más críticamente el caso es la actuación de la senadora Susana Rivero, hija de un ex ministro sobre quien pesan procesos por malos manejos de tractores destinados a campesinos y que terminaron en manos de una colonia menonita. Es más, el ex ministro de Evo Morales habría sostenido reuniones con postulantes a magistrados en Santa Cruz. Por principio ético, Rivero no debía participar en dicha Comisión y mucho menos fungir como su presidenta. El tráfico de intereses parece saltar a la vista de cualquier persona.

Con tanto mal antecedente, las cosas debían terminar como terminaron. En la sesión del Congreso de 30 horas de duración, al igual que en la similar de estos 11 años, las planchas de los favoritos del partido oficial recibieron el voto de los dos tercios que detenta. Para el efecto, los asambleístas recibieron las listas elegidas tanto por celular como mediante papeletas preparadas de antemano. Nuevamente se ha perdido toda esperanza de contar con una Justicia de mediana probidad y, en cambio, la diosa Temis, sin venda en los ojos, discriminará a quiénes favorecer y a quiénes castigar bajo el suplicio de los tribunales del país.