Oposición pide informe sobre presupuesto a universidades

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, solicitó un informe escrito al Ministro de Economía, sobre la asignación presupuestaria a 7 de las 11 universidades públicas del país. La legisladora observa que solo se otorgó este beneficio a las instancias académicas que participaron del proceso de preselección de autoridades al Órgano Judicial, las otras fueron excluidas.

“Estamos remitiendo una petición de informe escrito al Ministerio de Economía para saber cuál ha sido el criterio de asignación económica a siete universidades y por qué tres quedaron al margen, cuándo se va a proseguir con el proceso de negociación para la asignación de recursos a estas universidades que quedaron fuera”, señaló.

El pasado 29 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) suscribieron un documento donde se acordó un incremento a la subvención ordinaria que llega a los Bs 70 millones.

PROCESO

Las unidades académicas que contarán con este incremento presupuestario son la Universidad Técnica de Oruro (UTO), La Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí (UATF), Universidad Siglo XX, Universidad Juan Misael Saracho (UJMS) de Tarija, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm) de Santa Cruz, Universidad Autónoma del Beni José Ballivián (Uabjb) y la Universidad Amazónica de Pando (UAP).

Estas universidades, excepto siglo XX participaron en el proceso de preselección de altas autoridades al Órgano Judicial, enviaron a un total de ocho representantes para la etapa de evaluación de los candidatos.

La delegación académica que participó en la calificación de los postulantes al Consejo de la Magistratura (CM) y al Tribunal Agroambiental (TA) estaba conformada, por Said Enrique Cortez, Luis Alberto Arellano Rodríguez, Héctor Araoz y Sonia Llanos.

En la valoración der los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervinieron tres delgados: Saúl Paniagua, Carlos Ortiz Quezada Y Mauricio Cairo.

Millares explicó que uno de los artículos de la Ley de modificación al PGE autoriza al Ministerio de Economía la otorgación de recursos adicionales a favor de las universidades donde no se debe restringir de este beneficio al restante de las unidades académicas.

DESMARCADOS

Por otra parte las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) determinaron que no iban a participar del proceso de preselección debido a las irregularidades que se registraron desde el comienzo. Entre ellos que no se logró suscribir un pacto para garantizar la participación de profesionales calificados.

En el convenio firmado también destaca que el Ministerio de Economía continuará con el proceso de negociación con el resto de las universidades con las que no se firmó el convenio.

Sobre este punto, la legisladora de oposición manifestó que este hecho es una muestra clara del uso arbitrario de poder por parte del gobierno, aseguró que esto es una forma de ejercer presión sobre estas entidades para avalar procesos irregulares para meter manos en instancias académicas.

“Aquí advertimos que hay un uso arbitrario, abusivo y de prebenda de los recursos económicos de los bolivianos y que también hay una suerte de castigo para las universidades que decidieron no participar del proceso de preselección”, señaló Millares.