Arrogancia y voluntarismo en torno a Achacachi

No se puede dudar de la justicia de las reclamaciones de los vecinos de Achacachi por actos de corrupción denunciados reiterativamente contra el alcalde Edgar Ramos. Los graves hechos de conflictividad de Achacachi encontrarían fácil solución si el Jefe del Estado, Evo Morales, se sensibilizara para poner fin al conflicto, ahorrando los sacrificios de sus “hermanas” del campo. En cambio, como muralla frente al arreglo se alza la arrogancia e intencionalidad del Primer Mandatario para demostrar que sus militantes en cargos políticos son inamovibles y gozan de su protección, así sea contra viento y marea. Idéntica es la situación en Camiri, con otro alcalde corrupto y renuente. Vemos, pues, una actitud voluntarista y totalitaria desde la cima del poder.

Tampoco se puede eludir que en su haber Achacachi –mejor sería decir en su “debe”- históricamente ha tenido como signo distintivo el uso de la violencia. Estamos ante nuevas ediciones de ese tipo cuando las denuncias derivan en el incendio de la casa y del vehículo del alcalde, cuyas protagonistas fueron -hasta donde se cree- las Juntas Vecinales de Achacachi. A lo anterior siguió la devastación de esa localidad por represalia a cargo de los llamados Ponchos Rojos, provenientes de las comunidades vecinas e identificados con el MAS, actos que no dejaron viviendas ni tiendas sin apedrear y saquear. El Defensor del Pueblo, constituido en el lugar, incurrió en una de sus intervenciones más desafortunadas por haberse parcializado con el citado grupo de choque.

El Ministerio Público, muy diligente con los supuestos instigadores para la quema de los bienes de Edgar Ramos, muestra su ineficiencia con los autores de los excesos cometidos contra la vecindad achacachense. Los primeros están detenidos y, los segundos, bien gracias. Pretexta la imposibilidad de ingresar a la sede de la alcaldía lugareña. Sin duda, una vez más, los fiscales lucen su obsecuente obediencia al Poder Ejecutivo del país, defensor del denunciado.

En todas partes del mundo hay un gobierno supremo que actúa como regulador y articulador de los organismos estatales de todo tipo, este es el Órgano Ejecutivo, de lo contrario cada organismo recurriría a la licencia y a la arbitrariedad según sus propios intereses. En este caso se trata del Ejecutivo y los municipios. El Gobierno Central aduce que en Achacachi hay un problema municipal y en consecuencia está impedido de intervenir, además –dice- el alcalde fue elegido democráticamente. En realidad, el Gobierno -síntesis y plenitud del poder- vería, como está viendo, la violencia y el caos sin mover un dedo. Entonces, se está negando a sí mismo, está renunciando a su misión moderadora, consiguientemente carecemos de Gobierno.

Por otra parte, está el partido oficial, el MAS, en cuyo seno no hay palabra más omnímoda que la de su jefe, Evo Morales, rector de la disciplina partidaria y a la que todos sus miembros o militantes deben obediencia. En el drama de Achacachi, que acaba interrumpiendo la tranquilidad ajena como de la ciudad de La Paz y de las provincias del departamento, una invitación a renunciar a Edgar Ramos bastaría para poner fin al conflicto. Si no es así prima una especie de capricho “real” al que hacemos referencia en el inicio de este editorial.