Democracia vence al Código Penal

Un hecho esperado por la opinión pública nacional y que, además, era inevitable, fue la súbita derogación de la ley que puso en práctica el nuevo Código Penal, norma que la Asamblea Legislativa oficialista se apresuró a estudiar y sancionar para que, de inmediato, pase al Órgano Ejecutivo para su promulgación por el Presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

Ese nuevo Código fue rechazado por el pueblo, que exigió su reforma. En una primera etapa fueron derogados dos artículos de la norma. Pero, enseguida, y como efecto de la enorme presión de un vigoroso levantamiento democrático de masas, producido a lo largo y ancho de todo el país, que clamaba la anulación total de esa disposición, “cocinada” entre bambalinas durante un año, el presidente Evo Morales anunció su total anulación.

En medios oficiales se pensó que la anulación de los artículos 206 y 137 sofocarían el incendio, pero, por el contrario, la resistencia pública no se contentó con ese parche, sino que puso en tapete la abrogación del total del nuevo Código. Al mismo tiempo, rechazó la propuesta presidencial de “socializar” el Código durante un año, para redactar otro, corregido y aumentado, que se habría limitado a cambiar su forma, pero no su esencia antidemocrática.

La Caja de Pandora, destapada por el bisturí de los médicos, incendió la pradera y, enseguida, se sumaron a la rebelión los transportistas, la Iglesia, periodistas, Central Obrera Boliviana, gremiales, profesionales en general, universitarios, cocaleros de Yungas y otros. Por si fuera poco, las poblaciones de todas las capitales de departamento salieron masivamente a la calles con la exigencia de la anulación perentoria de la causa que originó la convulsión, so pena de proceder a una rebelión nacional, la que mostró en forma transparente que el pueblo boliviano estaba divorciado del Gobierno y planteaba una solución adecuada a las circunstancias.

Parecería que la derogatoria del flamante Código Penal fue un balde de agua fría para sofocar la crisis que provocó esa medida. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo único que hizo fue prevaricar, fue poner al desnudo un problema mayor, vale decir desconocer la sacrosanta decisión soberana del pueblo expresada el 21 de febrero del año pasado y, por tanto, al permitir la re-re elección anticonstitucional de Evo Morales, que se trata de imponer contra viento y marea, genera una crisis de mayores proporciones y amenaza hacer arder Troya. Así, el problema político que se perfila en el horizonte es poco halagüeño y parece no haber terminado, sino que recién estaría empezando.