Ataque gubernamental causó otras tres muertes

Managua.- Un nuevo ataque de las “fuerzas combinadas” del Gobierno de Nicaragua dejó al menos tres muertos en la zona norte del país, informaron ayer los manifestantes “autoconvocados” de la ciudad de Jinotega.

El ataque, que se extendió por más de 8 horas entre la noche del pasado lunes y la madrugada de ayer, ocurrió en el barrio Sandino, de Jinotega, 163 kilómetros al norte de Managua, conocido como “el Monimbó del norte”, debido a la fuerte resistencia ante el Gobierno de Daniel Ortega.

“Esta es la normalidad de la que habla Daniel”, dijo uno de los denunciantes, en un mensaje público, en el que mostró las fotografías de las víctimas.

DIÓCESIS

La agencia EFE informó que La diócesis de Jinotega confirmó el ataque del Gobierno, y el sacerdote Carlos Enrique Herrera ingresaría esta mañana al barrio Sandino, para conocer la situación.

Este es el más reciente de los ataques perpetrados por el Gobierno nicaragüense en los últimos tres meses, y que abarcan casi todas las ciudades del Pacífico de Nicaragua, así como del norte, centro, sur a Caribe norte.

Datos de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales indican que entre 277 y 351 personas han muerto como producto de la represión en Nicaragua, miles han resultado heridas, y más de 700 han sido “secuestradas” por paramilitares y llevadas a cárceles de la Policía Nacional.

RESPONSABILIDADES

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”. El Gobierno de Nicaragua rechazó cada uno de los señalamientos.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, reportó la agencia EFE.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

ESTADOS UNIDOS

La Prensa reflejó el pronunciamiento del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien escribió ayer en su cuenta de Twitter que “la propaganda de Ortega no engaña a nadie ni cambia nada”, en respuesta a la entrevista que concedió el pasado lunes el presidente designado de Nicaragua, Daniel Ortega, a la cadena estadounidense Fox News, en la que negó la represión policial y de las fuerzas paramilitares contra las protestas civiles, que ha dejado un saldo de más de 350 muertos desde el pasado 19 de abril.

“No se puede negar la violencia patrocinada por el gobierno de Nicaragua. La propaganda de Ortega no engaña a nadie ni cambia nada. Más de 350 muertos a manos del régimen. EEUU llama al gobierno de Ortega a cesar la violencia ya y realizar elecciones anticipadas el mundo está observando!”, escribió en su cuenta de Twitter el vicepresidente.

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, hizo eco de las palabras del vicepresidente en su cuenta de Twitter, publicó el medio nicaragüense.

LIBERACIÓN DE VÍCTIMAS

De acuerdo con información de El Nuevo Diario, entre 70 y 80 jóvenes capturados por “parapolicías” en Masaya en la llamada operación limpieza, el pasado 17 de julio, han sido liberados ayer por autoridades policiales.

El comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, junto al alcalde de Masaya, Orlando Noguera, entregaron los detenidos a sus familiares, tras una semana de detención.

Los jóvenes puestos en libertad pertenecen a los barrios Camilo Ortega, Germán Pomares, Óscar Pérez, San Juan y Monimbó, de Masaya.

En un vídeo que circula en las redes sociales se aprecia el momento en que la Policía Nacional libera a los detenidos, con la mediación del FSLN, según dijeron.

Además, la Policía hizo firmar a los detenidos y a sus parientes un compromiso de “convivencia familiar” y de cese a los actos de violencia. (Agencias)