El dilema del expresidente

La noticia de que la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia habría resuelto remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional el requerimiento acusatorio contra el expresidente Carlos D. Mesa Gisbert por el caso Quiborax condujo hace días al Presidente del Senado y al Vicepresidente del Estado a pronunciarse de manera más bien desaprensiva sobre la futura suerte del expresidente:

- “No vamos a alcanzar a meterlo preso, tranquilos”, sentenció el primero;

- “Puede ser candidato, no hay ninguna guillotina encima de él, que haga lo que quiera”, dictaminó el segundo.

Mi primera reacción ante semejantes exabruptos hace algunas horas fue:

- Interesante. Resulta que ahora el omnipotente partido de gobierno le regala un tiempo de tranquilidad a Carlos D. Mesa. La pregunta inmediata que me vino a la cabeza fue: ¿Hasta cuándo?, para luego responderme que aquí habría dos posibilidades.

La primera, un plazo breve, que podría durar hasta que el expresidente decidiera candidatear en las próximas elecciones. De hecho, no sería la primera vez que tales autoridades pudieran decir una cosa por otra y/o cambiar de opinión a la velocidad de la luz.

La segunda, se traduciría en un lapso más extenso, aunque no indefinido, que podría darse si el expresidente decide retirarse definitivamente de la contienda electoral. En realidad, todo apunta a que, transcurrido ese tiempo, la máquina gubernamental volvería al ataque y esta vez para liquidar todo vestigio de resistencia en el camino.

En estas circunstancias, estaríamos en efecto frente a un atípico juego de suma cero en el que se sabría de antemano quién sería el ganador. Al expresidente se le habría planteado entonces un dilema del prisionero muy particular, en el cual su decisión de “cooperar” podría conducir a un resultado traducido en la maximización de una función de utilidad “acotada”, es decir definida sólo en términos de “tiempo de tranquilidad”.

Antes de proseguir, cabe aclarar que a los jerarcas de turno les interesa legitimar a su candidato y algunos analistas piensan que una forma de hacerlo podría ser forzando al expresidente a participar en las justas electorales de 2019 porque de este modo en el imaginario colectivo de la sociedad el actual presidente tendría un contendor de peso al frente con lo que muchos se olvidarían del 21F. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que el expresidente Mesa decida lo contrario, algo que de igual forma podría allanar el camino para la candidatura de los actuales gobernantes. En este contexto, necesitamos preguntarnos: ¿Qué decidirá el expresidente?

A primera vista, podríamos pensar que su decisión dependerá de cuán averso al riesgo es y de cómo están estructuradas sus preferencias intertemporales. Si es muy averso al riesgo, se inclinará por la segunda opción prolongando su tiempo de tranquilidad ahora, aunque renunciando a un objetivo mayor mañana. Si no lo es, optará por la primera opción reduciendo su tiempo de tranquilidad en el momento actual, aunque aspirando a lograr un propósito superior en el futuro. Pero, ¿será este un comportamiento racional? Posiblemente, no, porque hay más variables en juego.

Hagamos un intento por desmenuzar los diferentes resultados de cada una de las dos posibilidades, introduciendo en el análisis el 21F.

Si Mesa es candidato y defiende el 21F existe una probabilidad interesante de que Morales no sea candidato, en cuyo caso Mesa podría ganar fácilmente las elecciones y no ir preso. Si, en cambio, Mesa es candidato, pero no defiende el 21F el resultado más probable sería que Morales sea candidato y Mesa pierda en las elecciones, en cuyo caso, Mesa iría preso.

Al contrario, si Mesa no es candidato y defiende el 21F, el resultado más probable podría ser que Morales sea de todos modos candidato y gane las elecciones, en cuyo caso, Mesa iría preso. Si, en cambio, Mesa no es candidato y no defiende el 21F, el resultado más probable es que Morales sea candidato y gane las elecciones, en cuyo caso Mesa podría ir del mismo modo, aunque quizás más tarde que temprano, preso.

Por tanto, el juego de posibilidades se inclinaría a favor de una posible candidatura del expresidente porque así tendría más chances de evitar, en el peor de los escenarios posibles, la prisión.

Pero, la pregunta fundamental en este asunto sigue siendo: ¿Por qué tendría que ir preso? Una cuestión a la que intentaré referirme en una próxima contribución.

El autor es Economista.