Damnificados por las lluvias con problemas sin resolver

Cuánto sufrimiento han causado las riadas, las inundaciones, las lluvias, los deslizamientos de barrios íntegros y todo tipo de fenómenos naturales producidos en el país en los últimos años, sin que todo ello haya significado conmover las fibras más íntimas de las autoridades para remediar situaciones angustiosas, especialmente de quienes perdieron sus viviendas.

Producidos los hechos - tal parece más por figuración que por deber de solidaridad - las autoridades visitan los sitios en desgracia y expresan pesares y promesas a la población damnificada; ofrecen soluciones inmediatas y remedios mediatos para evitar sufrimientos y reponer, por lo menos en parte, los bienes perdidos. Se ha ofrecido a quienes perdieron sus casas, que “en el menor tiempo” serán construidas nuevas viviendas para ser entregadas a las familias. ¿Cuánto se ha cumplido? ¿Cuántas son las viviendas entregadas a las familias? ¿Cuántas de las terminadas reúnen las condiciones de higiene, seguridad y otros detalles que aseguren la vida de las familias?

Autoridades del Gobierno, gobernadores y alcaldes han prometido todo y han asegurado contar con los recursos financieros necesarios para cumplir con la construcción de nuevas viviendas o, en lo posible, la reparación de aquellas que puedan ser salvadas de pérdidas totales. Nada o muy poco se ha cumplido; hasta estos días, finales del año, la mayoría de los damnificados por esas desgracias sólo han recibido promesas y seguridades para dar solución a los problemas.

Las autoridades se jactan de contar con “grandes reservas financieras” para hacer frente a cualquier emergencia; sin embargo, ante desgracias de magnitud como las que han soportado muchos barrios en las ciudades (especialmente La Paz) y muchos departamentos por inundaciones y pérdidas cuantiosas en ganado y bienes de toda clase, éstos no han recibido atención alguna que implique solución, siquiera parcial, de sus problemas. Lo grave de estas situaciones es que cada año se producen desgracias similares y los daños crecen sin que haya esperanzas de solución a problemas que se hacen dramáticos.

Ante la presencia de las desgracias, la solidaridad de la población y hasta de países vecinos ha sido inmediata; por parte de las autoridades, muchas promesas que no se han cumplido y que resultan burlas para la niñez, mujeres y familiares que se ven obligados a vivir en viviendas improvisadas o alojados en casas vecinas o de familiares. Si Gobierno, gobernaciones y municipios cumplieran tan sólo con un 20% de la solidaridad mostrada por la población, muchos de los problemas estarían salvados; pero no hay quien se conduela por situaciones álgidas que viven miles de personas.

Un mínimo de conmiseración y solidaridad deberían ser condiciones urgentes para remediar situación tan dolorosa como la de los damnificados que, en su mayoría, han quedado en absoluta orfandad por haberlo perdido todo. Ni el Gobierno central ni las gobernaciones y alcaldías pueden descuidar por más tiempo la atención que merecen quienes sufren, junto a sus familiares, por la dejadez de autoridades que juraron servir al pueblo cumpliendo sus deberes y obligaciones, pero que ya con uso de poderes, hacen muy poco o nada hacen. Dejar sin atención a víctimas de inundaciones, derrumbes, deslizamientos de tierra y piedras, movimientos sísmicos y otros que el país ha sufrido o pudiese enfrentar en algún momento, no es otra cosa que desidia, indiferencia ante el dolor ajeno e irresponsabilidad ante el país.