Ley del TIPNIS: no sabían lo que hacían

Es conocido que la larga marcha de los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS llegó a la ciudad de La Paz luego de haber sufrido una “brutal” represión por parte de la policía y grupos de empleados del Ministerio de Gobierno, así como bloqueos de grupos oficialistas denominados “interculturales” (?), que son colonizadores dedicados la mayoría a la siembra de coca.

Esos marchistas fueron recibidos como héroes por la población de la sede de Gobierno, que espontáneamente se volcó a las calles por solidaridad con su pedido de evitar la construcción de la carretera con la que se pretende conectar a Cochabamba con el Beni, atravesando el parque protegido del Isiboro Sécure.

Ante el multitudinario pronunciamiento del pueblo paceño y ya antes de otras zonas por donde pasó la marcha por la defensa del TIPNIS, el Gobierno se apresuró a disponer que en la Asamblea Legislativa se dicte una norma para dar fin al asunto. Así rápidamente los asambleístas del oficialismo se apresuraron a aprobar y sancionar la denominada Ley Corta que determina que la carretera no debe pasar por medio del TIPNIS como pretendía y pretende aún el Gobierno. Sin embargo, apenas promulgada la ley, el mismo Gobierno comenzó a poner dificultades en la norma reglamentaria, pretendiendo que ninguna actividad económica se efectúe en el TIPNIS, con el argumento de la “intangibilidad” que menciona uno de sus artículos, es decir decretar la muerte de sus pobladores.

No pasaron dos meses de la puesta en vigencia de la ley mencionada, cuando el Presidente del Estado Plurinacional en una de sus diarias arengas, a sus seguidores en algunas áreas rurales, dio la consigna de movilizarse para construir esa carretera, cuestionada por la opinión pública no sólo por su afectación a un área protegida, sino por su sobreprecio millonario.

Así el Gobernador de Cochabamba se puso en acción y en un acto de desobediencia e incumplimiento de las leyes (en este caso de la Ley Corta del TIPNIS), organizó marchas callejeras, pronunciamientos y una marcha a la sede de Gobierno, esta vez pidiendo la construcción de la carretera, en la que aparecieron algunos grupos sociales denominados del CONISUR, y que al decir del sacerdote jesuita Xavier Albó, defensor a las políticas indigenistas del Gobierno, esta vez demostró que los grupos de la marcha eran los habitantes de los contornos del TIPNIS y, por supuesto, la marcha fue engrosada por cocaleros del Chapare.

Entre las marchas, una de los habitantes del interior del TIPNIS y la otra de los del contorno más cocaleros, encontramos profundas diferencias. La primera de los que piden la no construcción de la carretera en su tramo 2 partió del Beni, es decir cerca del lugar de residencia de esos pueblos; la segunda de los que piden la carretera partió de Cochabamba, centro de la actividad cocalera de los chapareños.

La primera fue cuestionada por el Gobierno, acusada de todo tipo de vinculaciones, financiamientos (entre ellos el de USAID y el Imperio), de ser de derecha y neoliberales, etc., y fue objeto de una violenta represión policial, que conmovió a la opinión pública nacional e internacional; fueron bloqueados por cocaleros, privados de agua y otras asistencias, etc.; la segunda fue generosamente provista de banderas bolivianas (no wiphalas), y en un tiempo récord (se dice que en las noches fueron trasladados en vehículos), llegaron a destino, custodiados por la policía en buena parte de su trayecto, por ambulancias con servicios médicos y fueron engrosados con grupos de marchistas provenientes del Chapare cocalero, hasta de un grupo de transportistas de esa región.

La primera fue visitada por el Ministro de Relaciones Exteriores, que luego se quejó por haber sido secuestrado (lo obligaron las mujeres a encabezar la marcha bloqueada por la policía y cocaleros); la segunda recibió a asambleístas del oficialismo, para recoger sus demandas.

La primera recibió el apoyo y solidaridad espontánea de miles de paceños que se volcaron a las calles al grito de “el TIPNIS somos todos”; la segunda entró a la ciudad de La Paz en medio de indiferencia y hasta de silbatinas. La primera ingresó a la plaza Murillo en forma pacífica (ante la multitudinaria presencia del pueblo, tuvieron que abrir la plaza); la segunda ingresó a la plaza por la violencia, hiriendo a periodistas y policías. La primera fue alojada y asistida por las organizaciones civiles y universitarias de la sede de Gobierno, la segunda fue asistida por el Gobierno y con dinero público.

Ahora asistimos a un maratónico tratamiento de normas que dejan sin efecto la ley de intangibilidad del TIPNIS, con el argumento reprobable de algunos asambleístas del oficialismo, que dicen: fue por las circunstancias (la aprobación de la ley), y otros “pilatunamente” dijeron: se nos instruyó, es decir que “no sabían lo que hacían” cuando trataron y sancionaron la ley, lo que nos muestra claramente la calidad moral de los asambleístas (salvo alguna excepción) y del mismo Gobierno, que al decir del pueblo pretenden “borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.