Afirma politólogo

Podrían revertir las TCOs


El politólogo Franklin Pareja, cuestionó la promulgación de la Ley 222 de Consulta dentro del TIPNIS, porque a partir de este antecedente las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) podrían ser producto de reversiones o acciones que afecten sus intereses colectivos.

La marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur) avalada por el gobierno de Evo Morales, permitió que la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa debata y apruebe una ley para volver a debatir el ingreso de obras viales dentro del núcleo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La Ley 222 fue promulgada por el mandatario Evo Morales y de esta forma la denominada consulta será aplicada a los habitantes de la región, aunque no se estableció el procedimiento ni los alcances de la misma.

Según Pareja, esta acción en defensa de intereses particulares es contrapuesta a la marcha de defensa del TIPNIS del año pasado que pedía respeto a la propiedad colectiva, tal cual es el carácter de esta zona que cuenta con una doble condición, ser una reserva natural y una Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

“Es una determinación que rompe dos blindajes del TIPNIS, una por ser una área protegida y otra que es una TCO y el Gobernó está dando señales de desinstitucionalización del Órgano Ejecutivo. Esto podría ser el principio de la reversión de las TCOs en Bolivia”, dijo.

Aseveró que la imagen del Primer Mandatario, que fue trabajada desde sus asesores medioambientales como el ex embajador Pablo Solón, de ser el líder espiritual de los pueblos originarios y defensor de los derechos de la Pachamama, ahora se verá afectada e incluso caerá no sólo en Bolivia sino en el ámbito mundial.

“La gran pregunta de todo esto es cuál es el trasfondo y qué intereses existen detrás de estas determinaciones, para que el presidente Morales tome una medida que le va a significar un alto costo político interno y también a nivel internacional”, cuestionó.

Temáticas como la expansión de cultivos de hoja de coca y concesiones a empresas petroleras se manejan desde sectores sociales y políticos. Asimismo, habría un trasfondo político de eliminar la base económica del oriente y la empresa cruceña, con el “control de la economía amazónica”, según planteó el propio vicepresidente Álvaro García en una entrevista con un medio de prensa de México en su reciente visita a ese país.

 
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