Exdefensor afirma que juicios buscan neutralizar la movilización indígena

Los procesos penales iniciados en contra de la dirigencia indígena por un supuesto intento de homicidio al canciller David Choquehuanca avanzan con rapidez. En tanto, la investigación respecto a la represión policial a la marcha indígena y la presunta vinculación del dirigente de Conamaq, Rafael Quispe, con el gobierno de Estados Unidos, no advierten respuestas por parte de las autoridades judiciales. Para el abogado y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, estas son muestras de que el Gobierno intenta neutralizar la IX marcha indígena y a la vez pretende amedrentar a sectores que tienen demandas legítimas.

“El mensaje es: si te atreves a marchar y a protestar de nuevo, mira lo que te va a pasar. Pero yo creo que el mensaje va más allá, es un mensaje a los discapacitados y para otros sectores que se atrevan a reclamar. Es decir, se está entrando peligrosamente a criminalizar la protesta social”, dijo Albarracín.

Ante este análisis, la vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Nelly Romero, aseguró que los comunarios de Tierras Bajas no sienten temor del intento de intimidación del Gobierno.

“Lo que está haciendo el Gobierno es amedrentarnos y quizá con decir que nos van a enjuiciar y quizá quiere lograr que renunciemos a nuestra lucha, pero nada ni nadie nos va a parar hasta lograr nuestro objetivo”, aseveró.

Asimismo, indicó que la Central Indígena de Moxos, emitió una resolución que advierte la conformación de una comisión a nivel nacional que se reunirá en Trinidad, la segunda semana de marzo, en la cual determinarán la fecha exacta del inicio de la IX marcha indígena.

CASOS

El pasado 24 de septiembre, un grupo de indígenas, indignados ante lo que consideraban un atropello de la Policía y colonizadores en Yucumo, obligaron a caminar al canciller David Choquehuanca, quien estaba presente en el lugar para intentar establecer el diálogo. De acuerdo al relato de testigos presenciales, el objetivo era demostrar a la autoridad que existía un bloqueo policial que impedía el paso al agua.

Semanas después el Gobierno inició un proceso en contra de los marchistas, primero bajo la figura de un secuestro y luego de tentativa de homicidio.

“El secuestro es cuando uno sale de su casa, lo meten a la fuerza a un vehículo, lo llevan a un recinto cerrado de manera clandestina. El secuestrado muchas veces no sabe ni quiénes son sus secuestradores y finalmente exigen a los familiares un rescate por el secuestrado”, explicó Albarracín.

Por otro lado, señaló que la acusación de tentativa de homicidio tampoco tiene sustento legal, ni existen evidencias al respecto. “Alguno de los marchistas tendría que haber atentado contra la vida del Canciller. Están incurriendo cada vez en un conjunto de exabruptos y los hechos muestran que la fiscalía lo único que quiere hacer es justificar la presión o la instructiva gubernamental de abrir una causa penal contra los marchistas por cualquier razón”, citó el abogado.

El 25 de septiembre de 2011, un contingente de más de 400 efectivos, reprimió, golpeó e intentó trasladar a los marchistas indígenas con rumbo desconocido. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no avanzó en el tema de la investigación de los culpables, responsabilizando a sólo dos altos mandos policiales, explicó Waldo Albarracín.

“En la Fiscalía muestran un interés sospechoso de querer enjuiciar a los marchistas, pero en el caso del abuso a los marchistas, de los atropellos que han cometido la investigación está paralizada”, dijo.

Durante el desarrollo de la VIII marcha indígena, el dirigente Rafael Quispe fue acusado por el propio presidente Evo Morales, quien en un espacio del canal estatal, presentó un extracto de llamadas telefónicas que demostraban una presunta vinculación entre el dirigente y el gobierno estadounidense. En varias oportunidades, Quispe exigió públicamente al Mandatario, las pruebas que demostraran su acusación, sin embargo tampoco se advierten respuestas.