Posibles efectos del Código forestal brasileño, si se aprueba

A fines de abril el Congreso brasileño aprobó con una sólida mayoría la reforma al Código Forestal de ese país, la misma fue remitida a la Jefa del Estado, Dilma Rousseff, para que sea sancionada (aprobación o rechazo). Esta reforma es polémica ya que revive la vieja discusión en Brasil sobre la necesidad de regularizar la tenencia y uso de la tierra y, por otro lado el debate entre la protección de los bosques y/o la expansión de la frontera agrícola para usos productivos, todo esto con un mayor énfasis en la Amazonía.

Según varios grupos detractores de la norma -entre éstos los pueblos indígenas e instituciones ambientalistas- la reforma busca atender las demandas del sector agroindustrial e ignora a los sectores más vulnerables como los pueblos indígenas y los pequeños productores, además de la comunidad científica, la cual considera que la misma permite la tala de enormes extensiones de bosque y otorga amnistía a quienes talaron grandes superficies en la Amazonía, dejando a la región y otras áreas protegidas de importancia nacional sin protección ambiental y a favor de una mayor actividad agropecuaria basada en la ampliación de la frontera agrícola.

Según la comunidad científica y grupos ambientalistas, la reforma al Código Forestal dará lugar a una eminente flexibilización de la legislación ambiental, al proponer una serie de cambios controversiales, siendo los siguientes los más importantes: la reducción en áreas especiales de protección; la moratoria para la eliminación de la cobertura boscosa y; el establecimiento de un periodo de amnistía a productores que deforestaron ilegalmente hasta julio de 2008.

La primera iniciativa propone reducir de 30 a 15 metros en áreas ubicadas cerca de cuerpos de agua y zonas de interés para la protección de afluentes y así impedir que éstos se desborden; la segunda propuesta plantea una moratoria de cinco años para la eliminación de la cobertura boscosa con fines agrícolas; la última concede a los productores que deforestaron ilegalmente un plazo de 20 años para recuperar lo destruido.

Según el Instituto Brasilero para la Investigación Económica Aplicada (IPEA), esta reforma dejaría vulnerables entre 400 mil y 700 mil kilómetros de bosque dando lugar a una pérdida de más de 76,5 millones de hectáreas forestales, generando emisiones a la atmósfera de 28 mil millones de toneladas de CO2 y llevando a la extinción de por lo menos 100 mil especies. Por otro lado, el Instituto de Estudios de Comercio y Negocios Internacionales (ICONE) sostiene que en general la reforma significaría un retroceso para Brasil, pues al debilitarse las normas existentes de protección de bosques se abriría la puerta a una mayor destrucción en la Amazonia y otros ecosistemas brasileños, ya que permitirá que más áreas forestales sean destinadas a la producción agrícola.

Ante este panorama, es innegable que la reforma del Código Forestal es una señal contradictoria sobre los compromisos que internacionalmente asumió Brasil como parte de su estrategia para mitigar el Cambio Climático, a través de la cual se comprometió a reducir su ritmo de deforestación en un 80% para el año 2020. En este sentido, la reforma del Código Forestal debería apuntar, más bien, a generar mecanismos que fomenten la protección ambiental, la recuperación de las áreas de bosque devastadas y un uso eficiente del suelo. Finalmente la reforma al Código Forestal debería fomentar el aprovechamiento de tierras cultivables disponibles, las cuales aún existen en Brasil, siendo esta una opción.

Sin duda los impactos de este modelo de aprovechamiento forestal que Brasil pretende impulsar a través de la aplicación de las reformas del Código Forestal también repercutirán eminentemente en el resto de la Amazonia, siendo Bolivia uno de los más vulnerables, por un lado, debido a la situación fronteriza extensa que tiene con esta potencia y por el otro a la facilidad con que los modelos de producción brasileños son adoptados por las poblaciones fronterizas y otros actores presentes en la Amazonia.

La Ley de Bosque y la Ley de Amazonia están en agenda para ser promulgadas por la Asamblea Plurinacional Boliviana, por lo que deberá haber una reacción oportuna y propositiva de las organizaciones campesinas e indígenas, así como desde otros actores de la sociedad civil con el objetivo de precautelar que no sean afectados los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, que la legislación ambiental no se vea flexibilizada, pero sobre todo lograr un desarrollo integral y sustentable en beneficio de la población sin afectar la biodiversidad del país.

El autor es miembro de la UAP de CIPCA.

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