“La Justicia está aplazada”

Posiblemente jamás el Órgano Judicial (antes Poder Judicial) boliviano fue objeto de adjetivos de tan grande magnitud como lo ha sido en los últimos cinco años. El Vicepresidente del Estado aseguró que “La justicia está podrida” y agregó que se encontraba en “estado de coma”. Enseguida, el presidente Evo Morales afirmó en un seminario de juristas en Tiquipaya que el aparato judicial “ha retrocedido” y que enfrenta el riesgo de “ser destruido por una rebelión popular”; la Unión Europea declaró que la justicia padecía de cinco graves “enfermedades”, y el Órgano Legislativo se pronunció en términos similares.

Esos adjetivos oficiales estuvieron acompañados de ofertas en sentido de que la justicia debía ser objeto de reformas de urgencia. Es más, el Órgano Ejecutivo procedió en esa forma y dictó numerosas leyes para curar el mal, entre ellas una que era considerada como la panacea que iba a poner fin al estado “comatoso” en que se encontraba este aparato del Estado. Esta medicina consistió en que los magistrados debían ser elegidos por voto popular en un plebiscito que costó alrededor de 20 millones de dólares, (medida que fue desahuciada en su oportunidad). También fueron dictadas medidas de depuración de fiscales y más de una decena de funcionarios de esos organismos fueron sometidos a juicio y condenados a varios años de cárcel.

Se esperaba, en todo caso, que las medicinas aplicadas al pésimo estado de salud del Órgano judicial tengan resultado efectivo, pero, pese a todas las recetas, este organismo fundamental del Estado empeoró en vez de mejorar. En efecto, tanta es la gravedad del “enfermo” que el mismo presidente Evo Morales manifestó en la inauguración del año fiscal 2015 que “la justicia prácticamente se ha aplazado” e inclusive afirmó a calzón quitado que se sentía defraudado por la confianza que había depositado en las autoridades judiciales electas con el voto del pueblo.

Entre otras críticas específicas, el Presidente del Estado denunció en su discurso que mientras que él iba al trote para un acto público, veía que algunos diputados llegaban en carros de lujo. También comentó que “hasta la vestimenta originaria está muy dañada por algunos” y que lamentaba que delincuentes y narcotraficantes son beneficiados por bufetes porque pagan plata al juez, al fiscal.

Tan grave estado de cosas diagnosticado por las máximas autoridades del país les ha hecho ver que se deberá aplicar medidas de urgencia. Así, el Presidente del Estado aseguró “Me voy a quejar al pueblo para que defina mediante referéndum una profunda revolución dentro de la justicia boliviana”, incluyendo una reforma a la Constitución.

Pero, entrando más a fondo, el Presidente señaló como solución a la crisis judicial un cambio de mentalidad. Sentenció al respecto: “No se trata de normas, no se trata de leyes, de una cuestión de mentalidad” sino que “es un compromiso y de responsabilidad” y destacó que sin ese cambio de mentalidad la justicia seguirá lo mismo.

Es, pues, posible que a corto plazo el Estado convoque a un referéndum para realizar una revolución dentro de la justicia boliviana, sugerencia extremadamente delicada que de realizarse sería de esperar tenga frutos positivos, pues, de otra forma, la medicina podría resultar peor que la enfermedad.