Avance de corrupción lastima al Estado

Según estudios de la calificadora de riesgos Fitch Ratings de Nueva York (EL DIARIO 29/X/14) “la corrupción afecta a la gobernabilidad en Bolivia” con “seis indicadores de gobernabilidad comparan desfavorablemente a Bolivia en relación con otros países a pesar que durante los últimos años ha mejorado su perfil”. El informe señala que “esos indicadores se reflejan en el poco control hacia la corrupción, efectividad gubernamental, estabilidad política, calidad regulatoria y el imperio de la ley”.

El problema de corrupción en nuestro país también ha sido señalado por la Ministra de Transparencia del Gobierno (EL DIARIO, 20 y 22/XII/14) que anota, por ejemplo, que “la Policía, la justicia, salud y universidades presentan alarmantes niveles de corrupción. Que simples trámites en la FELCC (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen) implican pagos entre Bs. 200 y 25 mil. Señala medidas severas que habría que implantar en la Policía, la Caja Nacional de Salud, las Universidades y el Poder Judicial”.

Las revelaciones hechas muestran, con absoluta claridad, cómo avanzó la corrupción en nuestro país y hasta qué punto están comprometidas algunas autoridades. El informe anota que las “zonas de riesgo identificadas en la institución policial, además de la FELCC, son el Comando General, la Inspección General y la Dirección Nacional de Personal”. Los detalles proporcionados son de tal magnitud que merecen, en todo caso, investigaciones muy profundas y la adopción de medidas correctivas que permitan sentar precedentes.

La corrupción es un mal que ha aumentado notablemente en el país en los últimos diez años y es así como ha crecido en los niveles del contrabando, el narcotráfico, los estrados judiciales y muchas dependencias públicas donde se logra resultados sólo con coimas muy fuertes. Puestos aduaneros, postas de Tránsito, corregimientos y muchas dependencias del Gobierno muestran serios índices de violación a las leyes y que para cualquier trámite o decisión de alguna autoridad precisan “participación” o “comisión”.

El caso de contrabando, de ingreso y salida de bienes, es patético y tan sólo con la anuencia de permitir el ingreso “por última vez” de automotores usados, se incrementan los hechos de corrupción en que caen no solamente quienes hacen negocio con las ventas, sino que prostituyen seriamente a la población que, por ahorrar un poco de dinero, apoya a los corruptos que son efecto de los corruptores.

El Gobierno, para salvaguardar la moral del Estado, está obligado a desplegar los máximos esfuerzos para cortar la corrupción en todo sentido; de otro modo, resultan estos hechos delictivos los mejores medios de desestabilización y desprestigio de autoridades.