La ilusión de cultivar un millón de hectáreas

Con optimismo infantil, que revela el desconocimiento de la cuestión agraria nacional, el Gobierno ha propuesto con el estilo voluntarista que le caracteriza, que la frontera agropecuaria del país sea ampliada en diez millones de hectáreas en el Oriente, a razón de nada menos que un millón de hectáreas al año. Esa docta propuesta fue adoptada como política oficial y será estudiada en la Cumbre Agropecuaria de Santa Cruz en próximos días.

Resulta evidente que ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas al año, es otra nueva fantasía metafísica, entre las muchas de tipo populista de los programas oficiales. En efecto, hacer esa sugerencia en las actuales condiciones en que se encuentra la economía nacional, es poco menos que imposible y aun en caso remoto de realizarse, tiene dificultades insuperables que no se toma en cuenta, debido al desconocimiento que hay en Bolivia sobre la economía, historia, derecho y políticas agrarias.

Por otra parte, ese utópico ensueño, imaginado para tapar el agujero negro que está dejando en la economía nacional la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional, no cumplirá ese propósito, por más esfuerzo que se haga y mientras no sean modificadas la Constitución y la legislación agraria populista vigentes, en especial la “Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria” de Evo Morales, basada en la Ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada, un proyecto del Banco Mundial y la mentalidad neofeudal de la restauración del régimen pre 1952.

Tratar de habilitar un millón de hectáreas enfrenta, en primer lugar, el problema de ver dónde están. En segundo lugar, no serán los actuales empresarios agropecuarios orientales quienes alcancen ese objetivo, porque la legislación agraria no les permite y, en la mayoría de los casos, no tienen dónde hacerlo. Finalmente, para hacer realidad ese sabio deseo, por lo menos se deberá conseguir alrededor de mil agricultores que deseen ocupar tierras baldías, boscosas, sin caminos, inaccesibles, etc. y dotar, como promedio, a cada uno mil hectáreas y capitales de apoyo.

Finalmente, en caso de haber esas tierras, deberán ser habilitadas con grandes capitales y ponerlas en producción, para lo que serían necesarios por lo menos entre tres y cinco años, siempre que cuenten con grandes créditos, mano de obra, maquinaria, caminos, mercados, seguridad jurídica, tecnología y cientos de facilidades de todo tipo, algo que no se hace ni en las actuales circunstancias.

Se debe recordar que en varias oportunidades, gobiernos nacionales del siglo pasado intentaron realizar proyectos de la misma naturaleza, como el ahora propuesto, pero que todos fracasaron de forma escandalosa, aspectos que son conocidos en la literatura agraria que existe en el país. De otro lado, ¿por qué no se hace algo para que los cien mil indígenas del altiplano que han migrado a las ciudades y abandonado unas doscientas mil hectáreas, vuelvan a sus tierras?

Finalmente, se puede adelantar que el concilio agropecuario de Santa Cruz correrá la misma suerte que la infinidad de cumbres que auspició el Gobierno en últimos años en Tiquipaya (capital del populismo), pináculos que terminaron en gigantescos ceros, como la Cumbre de la Seguridad ciudadana, la G-77 más China y otras que sólo sirvieron para hacer ingentes derroches, gigantesca publicidad, posar para la fotografía oficial y de las cuales no se conoce el menor resultado y como sucederá con la de Santa Cruz.

El autor es ex Presidente del

Consejo Nacional de Reforma Agraria.