Precipitación oficial socava su prestigio

El Gobierno incurre en error al designar en altas funciones y candidaturas a personas que luego resultan descubiertas en actos ilícitos o de abuso de poder o, por lo menos, contra quienes recaen sospechas vehementes. Parece que en tales decisiones no califica la idoneidad ética y ciudadana de sus elegidos o que prisionero de los movimientos sociales no le queda más que complacerlos, movimientos que a su vez evidencian ligereza en el momento de elevar las designaciones, turnando a sus dirigentes en ministerios, diputaciones, senaturías y una gama de cargos elegibles.

La detonante escandalosa del Fondo Indígena motivó que las organizaciones originarias y campesinas sean involucradas y es seguro, por ejemplo, que la organización Bartolina Sisa hubiera perdido confianza y credibilidad ante sus bases.

Vendría a confirmar dicha actuación del oficialismo, el caso de su candidata perdidosa a gobernadora del departamento de La Paz, Felipa Huanca, involucrada en varios proyectos no ejecutados de desarrollo agrícola a través del Fondo Indígena, pero poseedora con una considerable fortuna. Situación semejante es la de la embajadora en Ecuador, Rusena Santamaría (Bartolina), cuyas causas de alejamiento súbito no han sido ignoradas por los medios de comunicación de la hermana república.

Sin duda este género de lesiones afectan tanto al Gobierno como a sus organizaciones políticas y sociales, pero sobre todo dejan mal parado al país. Sin embargo, importantes autoridades de Gobierno emitieron información en sentido de que la destitución no se originó en las denuncias sino en motivos de rotación administrativa, pese a tan reciente designación (¿?).

Estos contratiempos se han venido repitiendo con asambleístas nacionales, alcaldes y otras autoridades emergidas del oficialismo, incluyendo violaciones a sus propias descendientes, malos manejos, etc., y sobre quienes el Ministerio Público se ha visto obligado a abrir investigación escuchando, a más no poder, las demandas de la opinión pública, aunque después de algunas diligencias los casos no siguieran el curso normal.

Estos comportamientos recurrentes, restaron apoyo a los candidatos oficiales en las recientes elecciones departamentales y municipales y, sobre todo, parecen confirmar el establecimiento de una estructura de poder diseñada para prebendar a los sectores de sustentación del Gobierno, diseño que el Gobierno a estas alturas de los acontecimientos por su propia salud debe corregir. Lo demostrará absteniéndose de toda presión a los órganos de la Justicia, a fin de que éstos en independencia e imparcialidad puedan investigar y juzgar a todos los que participaron como ejecutivos y ejecutores de los recursos del Fondo Indígena.

Si no actúa de ese modo y abre el camino a la impunidad –la que ahora predomina en la presente y otras denuncias- ratificará la existencia de dicha estructura prebendal, aun a sabiendas de que ello socava su propio prestigio y gestión. Sin alternativas al respecto, o es blanco o es negro.