[Luis Aguilar]

Nuevamente Cossmil es manejado por albedrío del Gobierno


Muchas veces los rumores se hacen realidad, o las mentiras toman cuerpo, esta forma de obrar en el país se está haciendo costumbre, y da la impresión de que se lanza dardos para ver cuál es la reacción de quienes podrían ser afectados. En consecuencia, se debe tomar todos los rumores o mentiras con cargo a inventario.

Pero esto no sucede con las personas corrientes que en su mayor parte están embarcadas en su trabajo diario y pendientes de llevar el pan de cada día a sus hogares. En ese sentido, por ejemplo se dice que la fábrica X será nacionalizada, previo el despido de trabajadores; que la oficina Z que se encarga de asuntos varios ya no funcionará; que otras entidades se las debe cerrar porque no existe el presupuesto necesario, y así las cosas van hasta niveles a veces peligrosos, o algunos creen en cambios necesarios para encauzar lo que suponen que pueden hacer o deshacer.

De esta manera entraremos de plano a referirnos a los funcionarios de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) que están con la duda permanente de que se dispondrá que el personal civil pase a ser parte de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). Varios funcionarios me consultaron respecto a ese “rumor” que, por lógica, no debería preocuparles, pues ese documento específicamente es para quienes desempeñan la carrera militar, y el mismo en ninguno de sus artículos se refiere al personal civil de cualquier repartición. Sin embargo, individualizando el problema, los funcionarios de Cossmil están en una entidad autónoma y amparados por la Ley General del Trabajo, por lo tanto tiene cierto carácter especial, como cualquiera de este tipo.

Creo que la idea surge porque se desea transferir a los funcionarios de la entidad aseguradora como empleados públicos, seguramente porque están dentro del entorno militar. Pero debemos saber que dentro de ese capítulo están las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y los funcionarios de la Administración Pública, quienes están fuera de la Ley General del Trabajo, como dispone el artículo correspondiente de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

El caso no es tan sencillo como parece, ya que con una disposición del Alto Mando creen que podría efectuarse, sin embargo se debe considerar varios aspectos; primero, porque se debe cancelar los beneficios sociales que, según cálculos preliminares, comprometerían casi todas las reservas de las que actualmente dispone esa entidad. Y seguramente tendrán que asignarles grados de acuerdo con el nivel profesional de cada uno, caso imposible. Asimismo, esperemos que la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas conserve los artículos 114º y 115º, especialmente porque la anterior tenía tales disposiciones, pero éstas nunca fueron cumplidas, olvidándose en absoluto del sector pasivo, que tiene todo el derecho a que se cumplan y que también sirvan para proteger a la entidad aseguradora. Sería oportuno que el documento tenga una disposición especial para que Cossmil vuelva a su origen como una entidad autónoma e integral.

Por otra parte, en una publicación se dice que los “militares observan injerencia en Cossmil”, por disposiciones que son adversas a la realidad de la creación de la entidad. En otro punto se refieren a que se teme que existan malos manejos de los aportes, porque no se procesó a los autores. Pero lo más importante es que ni el presidente Morales tiene el privilegio de nombrar autoridades en Cossmil, primero porque tendría que ser Presidente de la Junta Superior de Decisiones y esa no es obligación del primer mandatario. De acuerdo con la ley de creación de dicha entidad, no se debe cambiar la organización por estar legislada, pero posiblemente se pueda sugerir y recomendar a los entes de corto y largo plazo. Ello es una aberración, porque el sistema de largo plazo está manejado por el Gobierno, por lo que ese decreto no tiene razón de ser.

En resumidas cuentas, una vez más se explicó que al manejar entidades de ese tipo, incluyendo a Cossmil, que valga la redundancia, la Junta Superior de Decisiones debe ser eliminada, porque no tiene razón de existir y por dejar que las autoridades del Gobierno dispongan todo respecto a la entidad aseguradora.

Hay que hacer notar a esas autoridades que Bolivia es el único país en el que tienen injerencia sobre el sistema del Seguro Social Militar, ya que en otros países éste tiene una autonomía plena y nadie más que los miembros de sus FFAA tienen facultades sobre el mismo. Finalmente, de acuerdo con lo indicado, el Alto Mando tendría que tener la suficiente capacidad para pedir al Gobierno que la entidad ratifique su autonomía y su sistema integral, la misma que fue en un inicio vulnerada por el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Dicho todo esto, ojalá que las autoridades tomen conciencia y dejen el servilismo a un lado, haciendo valer su capacidad y la importancia que tienen las Fuerzas Armadas.

 
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