Una amnistía que debió ser incluyente y no excluyente


 

En días de visita del Papa Francisco, el Gobierno dictó una amnistía parcial a favor de detenidos en las cárceles del país y cuyos antecedentes de comportamiento o cumplimiento de determinados años de prisión, merecían ese beneficio; se trató de una amnistía excluyente de todos los que, por una u otra razón, han perdido su libertad y este es el caso de los presos políticos, de los exiliados, de los que abandonaron el país por temores fundados en actitudes gubernamentales que mostraban intención de arrebatarles su libertad; en general, se excluyó a quienes, desde determinadas situaciones de oposición, se mostraron contrarios al régimen.

Se habló mucho en días de la visita papal de unidad, concordia, armonía y entendimiento entre todas las posiciones políticas, económicas y sociales en el país; se dijo, especialmente en niveles del Gobierno, que hay la intención de integrar a los bolivianos en beneficio del país; pero nada se ha dicho sobre aquellas personas marginadas de la vida nacional y que tan sólo han mostrado diferencias o divergencias con el régimen de gobierno; están los que han sido involucrados indebidamente en el caso del hotel Las Américas, a quienes se atribuyó complicidad en actos de terrorismo o intenciones de complotar contra el Gobierno; están aquellos que perteneciendo a entidades cívicas se dice que han cometido faltas o delitos que “deben ser sancionados”; están finalmente, quienes han sido excluidos de la vida nacional o tuvieron que alejarse del país para no ser inculpados por delitos que estaban muy lejos de cometer.

Para el pueblo y las leyes bolivianas, no hay razones valederas para mantener presos -con excepción de los que cometieron graves delitos-, para coartar las libertades, para que muchos bolivianos se vean obligados a emigrar a tierras extranjeras; no hay razones valederas que eviten la unidad y concordia entre todos; pero, al contrario, hay razones consagradas por Derechos Humanos vigentes en todo el mundo y por la propia Constitución Política del Estado para tener el derecho de no estar conformes con las políticas gubernamentales, con su partido o con todos los actos de las autoridades cuando no están debidamente encuadradas en las leyes; hay derechos sagrados para defender la libertad y para exigir que se cumplan la Constitución y las leyes.

Mucho se dijo sobre la convivencia de los bolivianos. ¿Es que todo fue para aparentar lo que no hay o no se es, tan sólo porque el Papa estuvo en el país? ¿Cuánto de lo expresado en esos días se puede sostener como realidad y práctica habiendo excluidos, marginados, separados de la vida nacional y que ni siquiera merecen, según las autoridades, el beneficio de una amnistía por faltas o delitos no cometidos o, ni siquiera, comprobados y llevados a juicio para que hayan sentencias con base en pruebas concluyentes y terminantes?

El país espera -porque nunca es tarde- que, finalmente, lleguen momentos de concordia para todos los bolivianos, sin exclusiones odiosas y contrarias a todos los derechos humanos.

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