Buscando la despolitización judicial

La “cumbre” para la reforma de la Justicia carece de fecha y los aportes que pudieran haberse hecho al efecto mediante la reforma constitucional que se avecina, se han visto postergados porque la enmienda constitucional sólo tiene el objetivo de procurar una cuarta reelección del Presidente y Vicepresidente, a partir del 2020.

Mientras tanto, voces más o menos aisladas que creen acertar en el diagnóstico identifican escasamente la retardación, la corrupción y la falta de medios en la Justicia. Para acabar estos males proclaman como suficiente elevar el presupuesto del 0.37 asignado actualmente por el Tesoro General y renovar el plantel de magistrados y jueces, mejorando también la infraestructura instalada, propuestas que como se ve no pasan de un lugar común cuando se habla del tema.

Estas limitaciones son compartidas por la Asamblea Legislativa, la Ministra de Justicia, algunos movimientos sociales y el Colegio Nacional de Abogados, éste último sugiere también el cambio del currículo de las facultades de Derecho y la creación de jueces de paz para causas menores, opción de la que otros hablaron hace tiempo. La flamante ministra de Justicia, Virginia Velasco, añade el infaltable aderezo oficialista de la “descolonización” y de una “reingeniería”, en abstracto. A más de los enunciados no existen, pues, concreciones.

El meollo del problema está en cómo lograr un aparato judicial probo, eficiente e idóneo, pasando esencialmente por la despolitización del mismo. En efecto, la dependencia de este Órgano del Estado de los mecanismos partidistas es uno de sus males congénitos. Así lo ha demostrado el “cuoteo” de los tiempos neoliberales y la elección masista por voto, con el resultado de que “el remedio fue peor que el mal”.

En tanto los tribunales sigan dependiendo de la elección política, continuarán imperando los vicios judiciales, así se trate de una elección meritocrática en la Asamblea Legislativa -a la que el oficialismo parece resuelto a volver- o la elección popular que, en los hechos, el electorado inteligentemente rechazó con su voto mayoritario. Ambos procedimientos llevan el estigma negativo e inclusive afrentoso del partidismo sectario.

Hay una propuesta publicada en estas páginas que creemos es la más práctica en este orden de cosas, consistente en conformar un Consejo de la Magistratura compuesto por los tres ex magistrados más antiguos del Tribunal Supremo de Justicia, un representante de los Colegios de Abogados reunidos en congreso ad hoc y un representante de las facultades de Derecho públicas y privadas, en consulta. A fin de dar participación social a este ente podría agregarse un miembro de la Asociación Nacional de Periodistas y otro de la COB, organismo que previa evaluación de los más caracterizados abogados del Foro, designaría los Tribunales Supremo, Constitucional y Agroambiental. Una reforma constitucional en este sentido será constructiva y beneficiosa.