[Armando Méndez]

Hacia la economía de libre mercado


No es fácil aceptar la existencia de un solo sistema económico en el mundo que ha ido -y sigue- evolucionado poco a poco hacia la plena libertad. Es la “economía de mercado”, cuyos aspectos fundamentales se basan en las conocidas leyes económicas de la oferta y la demanda, las mismas que se expresan en relaciones de intercambio con dinero, y donde prevalece la propiedad privada y la competencia.

Sin embargo, durante el Siglo XX la economía se caracterizó por una fuerte y creciente intervención del Estado, desde un extremo, caracterizado por la ex URSS, hasta los denominados “estados del bienestar” europeos. En el primero, se logró estructurar un “capitalismo de estado”, donde desapareció la propiedad privada y donde pasó a ser labor del Estado la fijación de todos los precios. Estos dejaron de determinarse libremente en los mercados. En el caso europeo la caracterización estatal fue la fuerte regulación de los mercados, en particular, el mercado del trabajo, y donde el gasto público crece persistentemente.

En la medida de este avance estatal, readquiere importancia la política, como lo fue lo esencial en los tiempos de la denominada época mercantilista de la economía. Cuando mayor es la presencia estatal se hace normal el aforismo: “El que no está conmigo está contra mí”, lo que implica ningún respeto por el disenso ni por la tolerancia. Y esto se explica porque cuando mayor es la intervención estatal, todos los intereses recaen sobre él, cuando el mismo no tiene la capacidad de resolver los complejos problemas económicos como lo tiene una economía de libre mercado.

Se cae en el “mesianismo político” que conlleva a vivir de peligrosas ilusiones y fantasías, bajo la creencia de que hay “algún elegido” para gobernar, y que tiene la sabiduría y capacidad para manejar la economía de un país. ¿Por qué se impide el disenso? En la medida que más interviene el Estado sobre la economía se torna imperioso impedir el disenso porque es imposible contentar a todos. No se puede estar buscando continuamente el consenso en “asambleas democráticas” de los múltiples y complejos intereses que conviven en una sociedad cualquiera para definir la asignación de los escasos recursos económicos. Alguien tiene que tener la última palabra y rápido, por eso los mesianismos revolucionarios rechazan a los “librepensantes” porque éstos entorpecen el avance de la revolución, camino que es trazado por el líder, junto a su elite gobernante.

El capitalismo de estado cree en el éxito de las políticas voluntaristas de diversificación productiva. Cree que los estados tienen la capacidad para definir estrategias y planes de desarrollo económico, de diversificación productiva y de exportaciones, de “justa” distribución de la riqueza y del ingreso. Cabe la pregunta: ¿Una burocracia estatal tendrá la capacidad de anticiparse a lo que será el futuro y pensar en nuevos productos? O esta difícil labor debe ser desarrollada de manera descentralizada y atomizada entre millones de empresarios, quienes en función a las señales de los mercados que perciben, son capaces de crear nuevas oportunidades de negocios, asumiendo los riesgos que éstas presenten en toda creación humana. Lo que la política puede hacer es impedir barreras a la inversión, promover el emprendimiento con normas simples y ágiles que permitan la creación de empresas, junto a bajos impuestos. Los mercados libres son los mejores incentivadores para incrementar la acumulación de capital y el cambio tecnológico, siempre junto a bajos impuestos

Si se busca construir una sociedad donde el disenso y la tolerancia convivan se requiere una economía de libre mercado, donde el Estado sólo cumpla un rol subsidiario. Los mercados pacíficamente resuelven el permanente conflicto de intereses que siempre conviven en toda sociedad.

Douglas North, Premio Nobel de Economía de 1993, dice que el orden político no surge espontáneamente, sino que requiere ser construido, cuya constitución se convierte en condición para el desarrollo de una economía de mercado. Y el orden político a organizarse debe cumplir algunos principios que son: un pleno respaldo social para el acuerdo sobre el tipo de instituciones políticas que deben existir en una sociedad determinada; limitación constitucional al ámbito de la política; una clara definición de los derechos de propiedad, y un compromiso creíble, por parte del Estado, de garantizar los derechos ciudadanos.

Lo que tiene que hacer todo Estado para que funcionen bien los mercados es suavizar el ciclo económico que está presente en toda economía libre. Este es el costo del beneficio que es el crecimiento económico y, por tanto, del bienestar de la gente. A esto se denomina la función estatal macroestabilizadora de la economía a través de la política fiscal y monetaria.

Es necesario construir institucionalidad porque en el largo plazo se asegura el desarrollo económico. Esto quiere decir, siguiendo a Dani Rodrik, burocracias públicas meritocráticas, judicatura independiente, banco central profesional, política fiscal estabilizadora, política antimonopolio y regulación, supervisión financiera, seguridad social y democracia política. A esto se llama el buen gobierno.

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